Ocupados bienes de una red de pensiones de invalidez para militares
Las propiedades están avaluadas en más de 3.800 millones de pesos.
Ocupados bienes de una red de pensiones de invalidez para militares. Foto/Colprensa.
Colombia
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 34 bienes, que pertenecerían a los supuestos integrantes de una red que, al parecer, auspició el reconocimiento irregular de pensiones a militares activos y en retiro.
Las propiedades afectadas, avaluadas en más de 3.800 millones de pesos, están representadas en inmuebles, vehículos y establecimientos de comercio ubicados en Bogotá, Charalá y Floridablanca (Santander), Ginebra (Valle del Cauca), Manizales (Caldas), Viotá y Madrid (Cundinamarca), Sogamoso (Boyacá), Villavicencio y Cubarral (Meta), Gigante (Huila), Quimbaya (Quindío) y Santa Marta (Magdalena).
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Según la investigación los bienes habrían sido adquiridos con dineros producto de los actos de corrupción detectados. La organización ilegal, presuntamente obtuvo exámenes médicos con Información falsa. Con estos documentos habría tramitado pensiones de invalidez o por disminución de la capacidad física ante las entidades competentes, dependencias que fueron inducidas a error y autorizaron beneficios que no cumplían con los requisitos de ley.
Los elementos de prueba dan cuenta de que esta actividad ilegal se realizó durante cinco años, en los que, supuestamente, se otorgaron pensiones con sobrecostos y se generó una millonaria defraudación.
Por estos hechos, la Fiscalía logró la captura de por lo menos, cinco personas, quienes fueron imputadas y aseguradas por delitos como: estafa agravada, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, cohecho por dar u ofrecer, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.
Estas acciones fueron posibles gracias al trabajo articulado con la Dirección Especializada contra la Corrupción y la policía judicial del Grupo de Recuperación de Activos Ilícitos (GRAI) del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) apoyados por el Ejército Nacional.