Crisis humanitaria en Arauca: tutela ordena a MinDefensa y otros organismos atender a la población
Sigue La W conoció la tutela que ordenó que se realice un censo para determinar cuántos niños han desaparecido y quiénes están en situación de desplazamiento ante la crisis en Arauca.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, rechazó este martes el ataque de actores armados ilegales a la Fuerza Pública desde las proximidades de la institución educativa Semilleros de Paz, en Saravena (Arauca), lo que puso en riesgo a los 80 niños que estaban allí. Foto: Colprensa
Por medio de una tutela se ordenó aclarar la situación en Arauca después de que se revelara la crisis humanitaria que se vive en el departamento por hechos de violencia. Justamente un juzgado admitió que el Ministerio de Defensa y otras entidades como la Defensoría del Pueblo a realizar un un censo para determinar cuántos niños han desparecido y cuántos están en situación de desplazamiento.
En diálogo con Sigue La W, el abogado Joan Alejandro Rueda indicó que “hasta el momento no hay respuesta por parte de las entidades mencionadas”. Se trata de una tutela que busca que se declare el estado de cosas inconstitucionales en el departamento de Arauca ante la grave situación de orden público y crisis humanitaria de la región. Mientras se toma una decisión de fondo, el juzgado que admitió la tutela ordenó que se haga un censo para determinar cuántos niños han desparecido y cuántos están en situación de desplazamiento, además de otras medidas que deben ser atendidas por entidades del Estado.
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“¿Cuáles niños han sido desaparecidos y cuáles niños han sido desplazados?”, cuestionó el abogado. “Queremos que haya una cantidad exacta de niños identificados para tomar las acciones necesarios. No ha habido ningún informe” por los momentos.
“La medida es que una vez se rindan los informes deben garantizar que los niños tengan albergues transitorios y que las comunidades afectadas retornen con acompañamiento de la fuerza pública”, sentenció.
En principio, el término para responder “es de 48 horas. No pueden demorarse todo el tiempo que quieran”, según Rueda. “Declarar el estado de cosas inconstitucionales es reconocer que el Estado no existe en ese departamento. En La Guajira se presentan similitudes”.