“Es política barata”: MinInterior a críticos del proyecto que fortalece la seguridad ciudadana

Colombia

En el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso de la República, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley sobre seguridad ciudadana, que fue presentado por el Gobierno Nacional. Tras esta decisión, la iniciativa ahora irá a conciliación y luego a sanción presidencial.

El proyecto surgió desde el Gobierno Nacional para brindar respuesta a temas como la inseguridad urbana en todo el país y a varias de las situaciones que dejó el paro nacional de este año.

Sin embargo, el tránsito legislativo de este proyecto no ha estado exento de polémica: el debate, propiciado por la oposición, giró en torno al riesgo que representa para la protesta social. Para algunos congresistas, como lo indicó la senadora Aída Avella en su momento, “una cosa es salir a controlar a los manifestantes y otra es salir a matar”.

En diálogo con La W, el senador Antonio Sanguino advirtió que el proyecto de seguridad ciudadana “despenaliza el uso del principio de la legítima defensa”, lo cual ha conducido a fenómenos como el paramilitarismo en Colombia.

Por ejemplo, mencionó el caso de Andrés Escobar quien, haciendo uso de ese principio, disparó su arma en medio de las manifestaciones sociales en Cali.

“Nos parece que el principio rompe un pilar de la democracia, del monopolio de las armas en mano del Estado. Y este proyecto penaliza y aumenta las penas para hechos o actuaciones que ocurran en contextos de protesta social, lo que significa una criminalización del derecho a la movilización ciudadana”, dijo.

En respuesta a las acusaciones, el ministro del Interior, Daniel Palacios, señaló que “Sanguino no se leyó el proyecto” y que en ninguna parte se hace mención a la protesta social.

“Se presumirá defensa personal cuando el ciudadano se defienda adentro de su hogar o de su vehículo automotor cuando sea violentado y una persona entre, sin permiso, a esa habitación. Esa afirmación del senador Sanguino en donde habla que esto, de alguna forma, autoriza a que los ciudadanos en las calles se defiendan o que crea algún tipo de paramilitarismo no es nada más que política barata”, señaló.

Y explicó que ese artículo eliminó una de las causales para acudir a la legítima defensa privilegiada y es permanecer en un establecimiento comercial cerrado al público.

También informó que el daño a bien ajeno, como a un Centro de Atención Inmediata (CAI), a una estación de la Policía o a un palacio de justicia, tendrá un agravante.

“La oposición votó en contra de que el homicidio contra líderes sociales tenga la mayor sanción en Colombia”, cuestionó.

Cabe señalar que el documento fue diseñado conjuntamente por los ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia, entre otras entidades, e incluye reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio, regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y sostenibilidad del registro nacional de identificación balística.