El 2022 tendrá estos importantes procesos judiciales

De esta forma, gran parte de los funcionarios judiciales iniciaron sus vacaciones colectivas, es decir, sus despachos suspendieron los términos de los procesos, así como la atención al público por este tiempo, a excepción de los juzgados promiscuos de familia, penales municipales, de ejecución de penas y medidas de aseguramiento, según informó el Consejo Superior de la Judicatura. Lo que implica que las audiencias de legalización de capturas, imputaciones y solicitudes de medidas de aseguramiento no se verán interrumpidas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también continuará con su operación normal, al igual que el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus seccionales.

De la misma forma, es importante tener en cuenta que, debido a la pandemia, aún está vigente el Decreto 806 de 2020, lo que implica que las diligencias judiciales se seguirán realizando por vía digital y audiencias virtuales.

En materia constitucional

El pendiente principal que dejó para resolverse en la Corte Constitucional luego de la terminación de la vacancia judicial será el que se refiere a una votación sobre las dos demandas que piden la despenalización del aborto en Colombia. Se espera que cuando la alta Corte vuelva a retomar sus funciones se tome una decisión de fondo sobre este tema que causa varias opiniones y pasiones entre los colombianos.

Los argumentos de las demandas, en resumen, se señala que este delito viola los derechos de libre desarrollo de la personalidad, los derechos reproductivos, la dignidad humana de las mujeres y añaden que viola el derecho al libre ejercicio de la profesión a los médicos, porque se les impide prestar servicios de aborto libremente. Además, se señala que se viola la libertad de cultos y que, mantener el aborto dentro del código penal no tiene una finalidad preventiva.

Igualmente, este alto tribunal tiene en sus manos el estudio constitucional del articulado que crea al nuevo código electoral. Este le correspondió al despacho del magistrado Jorge Ibáñez, quien ya entregó la ponencia a la Sala Plena para iniciar las discusiones.

Cabe mencionar que el nuevo código electoral fue aprobado en diciembre de 2020, y contempla reformas al actual código en temas como la conformación de listas paritarias de género, nueva reglamentación sobre el desarrollo de los comicios, el calendario, los pre-conteos y escrutinios, el uso de nuevas tecnologías y manejo de encuestas, entre otros, lo que implica un asunto de relevancia para las elecciones que se realizarán en el año 2022.

En materia administrativa

De otra parte, luego de un poco más de cuatro años, el Consejo de Estado deberá tomar una decisión de fondo en relación a la decisión sobre el futuro del decreto que reglamenta el uso del fracking en el país, una polémica práctica, que está en manos de la Sección tercera.

El proceso judicial empezó con la acción legal de Esteban Lagos González, quien demandó la nulidad en contra del decreto 3004 de 2013, que establece que el Ministerio de Minas y Energía debe expedir normas técnicas y procedimientos en materia de integridad de pozos, en el cual se puedan explorar para obtener hidrocarburos.

Desde 2018, esta misma corporación impuso la medida cautelar que hasta el momento ha frenado el fracking en Colombia, de ahí que hasta la fecha no se hayan avanzado con los procesos de licenciamiento ambiental que otorga la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a las entidades petroleras para adelantar este mecanismo.

En materia penal

La Sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia iniciará en 2022 el juicio penal en contra de quien fuera presidente de esa corporación, Leónidas Bustos, por el escándalo de corrupción en la justicia denominado como el ‘cartel de la toga’.

Lo anterior, luego de que el Senado de la República lo acusara por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio, tras encontrar más de 100 pruebas testimoniales y documentales que así lo señalarían, y el expediente de la acusación llegara a la alta Corte por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El caso, por reparto, le correspondió al magistrado Ariel Torres y hasta ahora inicia el trámite para que las partes expresen sus solicitudes y nulidades y así dar inicio al juicio. Este término vencerá el próximo 24 de enero, por la vacancia judicial.

Otro aforado que seguirá su proceso ante la justicia, será Richard Aguilar, acusado por la Fiscalía de cometer hechos de corrupción cuando era Gobernador de Santander y que, según el escrito de acusación, habría constituido una ‘empresa criminal’ para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos, familiares y otros particulares que, supuestamente, se comprometieron a entregarle coimas por el 10 % de cada obra o proyecto adjudicado.

Uno de los casos que señaló la Fiscalía estaría relacionado con el Plan de Alimentación Escolar, PAE, que tuvo lugar en agosto de 2014, cuando se contrató el suministro de raciones alimentarias para estudiantes de 82 municipios del departamento.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia también indicó que Aguilar es investigado por el refortalecimiento estructural del Estadio Alfonso López de Bucaramanga, en donde se habrían invertido más de 15.000 millones de pesos. Incluso también se investiga el contrato de interventoría y una adición que superó los 6.000 millones de pesos.

Por este mismo proceso, también se espera que la Corte resuelva la acusación en contra del exrepresentante a la Cámara, Edwin Ballesteros, por su presunta participación en el entramado de corrupción.

Lo anterior, por hechos que presuntamente ocurrieron entre 2014 y 2016 cuando Ballesteros fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant).

Ballesteros, cabe recordar, habría hecho un acuerdo con Richard Aguilar, quien para ese momento era gobernador del departamento, en el que supuestamente acordaron adjudicarle la construcción de los acueductos de Chiapatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de 600 millones de pesos por “comisiones”.

Otra aforada que deberá responder ante Sala de Instrucción de la Corte Suprema, será la presidente de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, quien ya entregó su versión libre sobre las denuncias en su contra por el supuesto plagio en su tesis de maestría en Gobierno y Políticas Públicas, realizada en la Universidad Externado de Colombia.

En medio de esa misma indagación, la Sala escuchó también a Leydy Lucía Largo Alvarado, coautora de la tesis ‘Las OCA’S y su contradicción con las teorías de la elección racional’, presentada en el año 2016, por la cual se realizan las investigaciones.

En medio de los fuertes cuestionamientos políticos que le han hecho por este caso, Arias dio a conocer que no aspirará al Congreso en las elecciones legislativas de 2022.

Otro proceso que se espera que avance en la Corte Suprema, es el que se surte en contra de la exministra de las Tic, Karen Abudinen, por la pérdida de un anticipo superior a los 70 mil millones de pesos en un contrato que pretendía llevarle conectividad a las zonas más apartadas del país, pero en el cual resultó que la Unión Temporal Centros Poblados presentó una garantía bancaria presuntamente falsa.

Este es uno de los casos más esperados por los colombianos, quienes reclaman el dinero del anticipo y que los responsables de este posible caso de corrupción paguen ante la justicia. No obstante, contra la exministra, no se ha abierto una investigación formal y solo se presentó para dar su versión libre por estos hechos.