Las claves de lo que le sigue a la prórroga del contrato de construcción de Hidroituango

Ayer, EMP (Empresas Públicas de Medellín) y el consorcio CCCI (Camargo Correa, Coninsa Ramón H y Conconcreto) firmaron una prórroga por 8 meses y 3 más de empalme para garantizar la continuidad de las obras después del 31 de diciembre, fecha en la que terminaba el plazo del actual contrato.

El 7 de diciembre EPM logró un acuerdo con la interventoría (Consorcio Ingetec-Sedic) y los asesores (Consorcio Generación Ituango) por el mismo plazo, sin embargo, todavía faltaba el contrato principal con el constructor, el cual se prorrogó, el 16 de diciembre.

Recordemos que el pasado 26 de noviembre la Contraloría General dejó en firme el proceso de responsabilidad fiscal, lo que anticipaba la inhabilidad de los constructores para contratar. No obstante, El 10 de diciembre la aseguradora Mapfre firmó el acuerdo con EPM para pagar $3,84 billones de la póliza, el 90% del detrimento patrimonial establecido por el ente de control. El 10% restante vendría de otras pólizas.

Una situación, que para abogados expertos, quiere decir que, cuando se paga el detrimento patrimonial el proceso de responsabilidad fiscal se archiva, razón por la que el consorcio CCCI quedó habilitado para firmar la nueva prórroga.

Es así, que luego de la suscripción de esta nueva prórroga surgen algunas preguntas de las cuales podrá encontrar su respuesta a continuación:

¿Cuánto cuestan las prórrogas?

Respecto a las prórrogas con los contratistas de interventoría y asesoría, cada una cuesta $25.000 millones por los 11 meses.

En lo que se refiere a la prórroga del constructor, William Giraldo Jiménez, vicepresidente de proyectos de generación energía de EPM, explicó que no hay una cifra exacta porque esta depende de los frentes de obra que se alcance a ejecutar hasta el 30 de noviembre de 2022. No obstante, mencionó que hay disponibles $600.000 millones para sufragar los costos de la ejecución.

¿Al final habrá un nuevo contratista?

El gerente de EPM, Jorge Carrillo, señaló que el término firmado era el que ya se había acordado, aunque habló de un proceso de selección plural para identificar las mejores condiciones de ejecución. “Puede pasar que quien quiera terminar el proyecto pueda ofrecer mejores condiciones de precio. Todos los caminos están abiertos, si en algún momento la mejor decisión es renegociar las condiciones actuales, lo miraremos, lo que no va pasar es que esperemos hasta el último día para definirlo”.

¿Qué pasará con el informe de Pöyry?

El informe pericial sobre la estabilidad de Hidroituango, esencial para que la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) levante la restricción en la obra, será entregado el próximo 23 de diciembre, confirmó EPM.

El estudio realizado por la firma suiza-finlandesa, Pöyry, detallará el estado del proyecto. Pues este documento es un requisito de la Anla para levantar la medida preventiva que impuso la Resolución 820 que en junio de 2018 la cual resolvió suspender de manera inmediata “todas las actividades regulares relacionadas con etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto “Construcción y Operación Hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, se lee en el acto administrativo.

Se espera que la autoridad de licencias ambientales entregue su dictamen definitivo en el segundo trimestre del año porque sin este requisito, no se podrá entregar la energía al sistema nacional. “Hoy no se me ocurre un solo motivo para no levantar la restricción que tenemos en este momento”, dijo Carrillo

¿Se revisará el pago de la deuda al BID (Banco Interamericano de Desarrollo)?

Hace una semana, el presidente colombiano, Iván Duque, le sugirió al gerente Jorge Carrillo revisar la eventual salida del BID tras el pago de toda la deuda. El mandatario dijo que la participación del mercado asegurador y reasegurador tuvo como aliciente de confianza la presencia del Banco.

Por lo tanto, el gerente ayer contestó que la empresa está preparándose para pagar los USD 450 millones porque, aunque ya se tiene certeza sobre quiénes serán los contratistas del proyecto, el BID no les ha pedido revisar la decisión. “No era deseable pero tenemos la capacidad de cumplir”, indicó Carrillo. El pago se hará el 22 de diciembre.