JEP admite a dos soldados del Ejército procesados por venta de armas a las Farc
Según el expediente, los militares cobraban dinero por legalizar en informes el material de guerra que era sustraído irregularmente de un batallón.
JEP admite a dos soldados del Ejército procesados por venta de armas a las Farc / Colprensa - Álvaro Tavera
La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó el sometimiento de los soldados retirados Fabio Alberto Reyes y José William Segura, quienes son procesados ante la justicia ordinaria por su presunta participación en una red de venta de armamento a grupos criminales organizados y a la extinta guerrilla de las Farc entre 2013 y 2014.
De acuerdo con la investigación, los fusiles, granadas y municiones que al parecer eran sacados ilegalmente de un Batallón en Tunja (Boyacá) fueron a parar a bandas criminales y frentes de las Farc como el frente 10 y el frente 6 en el Cauca, (otros 6 soldados ya fueron aceptados en el tribunal por el mismo expediente).
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En el caso particular del soldado Reyes era el encargado a nivel nacional de armamento en el comando general del Ejército y el sargento Segura también laboraba en ese comando. Según la Fiscalía, sus funciones dentro de la red habrían sido las de legalizar el material de guerra robado para no dejar sospechas.
“...era el encargado (Aguirre) de justificar la pérdida de material de guerra quedando como si no faltara y por ello cobraba un promedio de $500 pesos por cartucho legalizado. (...) es el encargado (Segura) de legalizar las miras, anteojos de visor nocturno, lentes de campaña y en particular le vendió 4 visores de visión nocturna los cuales le costaron $16.000.000 millones de pesos”, indica el escrito de acusación.
Debido a que los dos comparecientes no han firmado el acta de sometimiento formal ni entregado su plan de aporte a la verdad, los magistrados decidieron no ejercer competencia exclusiva, por tanto, la justicia ordinaria podrá continuar avanzando en sus casos y establecer responsabilidades.
Además, les dieron diez días para precisamente presentar ese plan de colaboración, en el que tendrán que definir si aceptarán o no responsabilidad y detallar su presunta participación o no en los hechos.
