Medio billón de pesos estarían enredados en proceso del Grupo Nule

Acreedores del Grupo Nule denuncian que la Sociedad de Activos Especiales- SAE, junto con la Fiscalía General de la Nación, no estarían entregando el dinero correspondiente a las deudas de los empresarios con sus proveedores.

Aníbal Martínez, ingeniero civil quien participó en la construcción de la doble calzada Bogotá- Girardot, reiteró que los daños estimados por el conocido “Cartel de la Toga” fue de aproximadamente 5 mil millones de pesos.

Sin embargo, la SAE habría vendido al Grupo Argos acciones de EnerTolima, por un monto total de 1,200 millones de dólares. El acreedor se pregunta cuál ha sido el manejo del excedente de aproximadamente cuatrocientos cincuenta y nueve mil cien millones de pesos.

A su juicio, la Fiscalía no ha querido dar la orden de entregar los dineros que le corresponden a los proveedores quienes llevan esperando más de ocho años por una respuesta. La W Radio se comunicó con la entidad, quien explicó que las empresas que se señalan en estos escritos son compañías que fueron constituidas por los hermanos Nule y que fueron objeto de extinción de dominio, en el cual se pudo establecer que a través de estas empresas los hermanos Nule utilizaron el dinero que se apropiaron del anticipo de los contratos de obras de Bogotá.

Los Nule llevaron esos anticipos a esas empresas las cuales las utilizaron para adquirir unas acciones de la empresa de energía EnerTolima y EnerPereira. Estas acciones fueron enajenadas a través del mecanismo de enajenación temprana por la SAE y explicaron que el proceso en el que estas personas fueron reconocidas como acreedores es totalmente autónomo e independiente de la acción de extinción. Las empresas están dentro de un proceso de extinción de dominio, dentro del cual se persiguen las empresas para recuperar dineros producto de los anticipos que se apoderaron los Nule.

La Fiscalía finalizó aclarando que, quien debe reconocer esos créditos es el juez. En enero de 2022, la Fiscalía solicitará la procedencia o improcedencia de la totalidad de estas acciones. El juez deberá decidir si declara la extinción de esas empresas y sus activos.