Tribunal de Barranquilla ordena el traslado de personas hacinadas
Por intervención de la Procuraduría, la Alcaldía Distrital y la Gobernación del Atlántico tendrán que generar espacios de reclusión idóneos.
Tras el fallo en segunda instancia de la magistratura que amparó los derechos fundamentales a la dignidad humana, salud y alimentación, y después de la intervención de la Procuraduría General de la Nación, durante la mañana de este viernes el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó el traslado de las personas privadas de la libertad.
La decisión favorece a quienes se encuentren en condición de hacinamiento en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) en Barranquilla y su Área Metropolitana.
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El Tribunal solicitó a las administraciones de Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad, garantías en la prestación del servicio de salud, además de medicamentos, insumos y el reporte de las condiciones médicas de los privados de la libertad.
El reporte de enfermedades crónicas, congénitas, degenerativas, condiciones de discapacidad, el cuidado de mujeres en estado de embarazo y la vacunación contra el covid-19, también se tendrán que asegurar.
Así mismo, se instó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en conjunto con la Gobernación, a la generación de espacios de reclusión idóneos, que garanticen el mínimo vital.
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Finalmente, se amparó el derecho a la igualdad, por hechos ocurridos en contra de un miembro de la población LGTBI, que habría sido maltratado dentro de la Estación de Policía San José, al sur de Barranquilla.
Sobre este asunto, el Tribunal ordenó que la “Alcaldía Distrital de Barranquilla tome las medidas necesarias tendiente a la salvaguarda de sus derechos, y en general a materializar el principio de enfoque diferencial y garantizar la vida e integridad física”.