Más de 500 procesos de responsabilidad fiscal ha abierto la Contraloría en Bogotá
Los hallazgos de la Contraloría de Bogotá fueron durante el último año.
Contraloría de Bogotá. Foto: Colprensa
Bogotá
La Contraloría de Bogotá señaló que durante el último año, abrió 584 procesos de responsabilidad fiscal y profirió 114 imputaciones por presunto detrimento patrimonial. Además, reportó un total de 165 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $281.662 millones; 746 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria.
Entre tanto, 17 hallazgos con presunta incidencia penal y la apertura de 584 nuevos procesos de responsabilidad fiscal por más de $741 mil millones. “A 31 de octubre, el ente de control había proferido, además, 114 imputaciones por daño patrimonial, en cuantía superior a los $57 mil millones. A la fecha, la entidad tiene activos 1.573 procesos por más de $2,4 billones y 509 millones de dólares”.
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La Contraloría también investiga 2 casos importantes: el primero de ellos corresponde al Parque de Los Niños, a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), por un presunto detrimento que supera los $1.800 millones, y el segundo caso corresponde al Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, por un contrato para ayudas humanitarias por pandemia con un presunto detrimento valorado en más de $260 millones.
“En el caso puntual de los hallazgos fiscales, los sectores más representativos en términos del monto de las cuantías investigadas son: servicios públicos, movilidad y salud, que representan el 88% de los hallazgos.”
“La construcción de la Avenida San Antonio Calle 183, que se proyectó como un gran conector desde la Carrera 7 hasta la Av. Boyacá, es uno de los casos más representativos. Hoy, este corredor vial no conecta con nada y no cumple su función principal de accesibilidad, conectividad y dinamización de la movilidad vehicular, a pesar de encontrarse en operación desde septiembre de 2020.”
Por lo anterior, la Contraloría de Bogotá determinó un hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por más de $59.000 millones, que corresponde al valor final del contrato de esta importante vía, que arrancó en 2017 con un plazo inicial de 13 meses