Juez argentino procesa al expresidente Macri por presunto espionaje ilegal
La decisión fue adoptada por Martín Bava, juez federal de la localidad bonaerense de Dolores.
La justicia argentina imputó al expresidente Mauricio Macri y a sus exministros Patricia Bullrich, de Seguridad, y Oscar Aguad, de Defensa.. Foto: Amilcar Orfali/Getty Images(Thot)
Un juez procesó este miércoles al expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) en una causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA “San Juan”, hundido en 2017.
La decisión fue adoptada por Martín Bava, juez federal de la localidad bonaerense de Dolores, quien, además de procesar sin prisión preventiva al exmandatario, ordenó un embargo sobre los bienes de Macri por 100 millones de pesos (unos 943.000 dólares) y le prohibió salir del país y ausentarse de su domicilio por más de diez días.
En un fallo de 171 páginas, el juez resolvió procesar a Macri por encontrarlo “prima facie” (en primera instancia) “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas” por el solo hecho de sus acciones privadas, sus opiniones y por la actividad lícitas que desarrollaban.
También le procesó “en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país”, en concurso “con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor”.
Lea también
El juez determinó que la prohibición de salir del país se haga efectiva una vez que Macri, que viajó a Chile, regrese a Argentina.
El presunto espionaje, realizado entre diciembre de 2017 y finales de 2018, habría apuntado, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los 44 tripulantes del ARA “San Juan”, el submarino de la Armada argentina desaparecido en noviembre de 2017 y hallado hundido un año después.
“Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno”, señala el auto de procesamiento difundido este miércoles.
