Denuncian robo de predios en el Atlántico

Redacción: Andrea Pallares.

Con presuntos folios falsos, construcciones sin licencia, invasiones y amparos policivos, propietarios de predios en Soledad y Barranquilla han denunciado la apropiación ilegal de sus terrenos.

De acuerdo con las víctimas, el fraude surge a partir de un acta de apertura en la que se declara un lote de propiedad privada como parte de un proceso de sucesión, con la creación de un folio de matrícula inmobiliaria falso.

La forma de operar en este tipo de hurto de terrenos, según el abogado penalista Andrés Díaz Arana, inicia con la falsificación de un documento, usado para obtener un amparo policial por perturbación de la posesión, para posteriormente evacuar a los dueños originales y comenzar construcciones propias sobre el área privada.

El caso más reciente y que ha sido expuesto por denuncias ante Procuraduría y la Superintendencia de Notariado y Registro, es el de Sonia Chain de Ochoa, propietaria de un predio desde hace más de 40 años, ubicado en la vía circunvalar en Barranquilla y que en las últimas semanas fue expulsada de su propiedad, después de que el secuestre Jairo Iglesias, presentara una querella por los supuestos perturbadores que se encontraban en el terreno -haciendo alusión a los legítimos dueños- en un operativo que incluyó a la inspectora 16, Margarita Ripoll, agentes del ESMAD, Comisario de familia y Personería Distrital, todo sin que la juez correspondiente hiciera el debido reparto y siguiera la legalidad en el proceso.

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La raíz del acto fraudulento, según el abogado defensor José Fernando Picalua, se encuentra en que la escritura pública no contiene el acto expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi donde se fija la referencia catastral, en este caso la escritura fraudulenta declara una extensión mayor a la que debería registrar, apropiándose del terreno perteneciente a Chain de Ochoa, afirmando la compra del lote, que originalmente mide 30 hectáreas y 7000 metros, por un área a 37 hectáreas y 4525 metros, incrementando el tamaño del predio de manera arbitraria, donde a través de la firma del Registrador de Instrumentos Públicos se crea el derecho de dominio.

Es así como, a través del visto bueno del Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Barranquilla, José Rafael Pérez Herazo, se crea una nueva escritura, sin que esta contenga el acto administrativo expedido por Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dándole nacimiento a un folio de matrícula inmobiliaria con el que se crea un supuesto proceso de sucesión, incurriendo, de acuerdo con Picalua, en al menos 3 oportunidades en el delito de fraude procesal, engañando presuntamente al notario 12 de Barranquilla, al representante de la oficina de Instrumentos Públicos, al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a la Juez séptima de Familia, todos implicados en el caso.

Un proceso de sucesión viciado

En el caso del terreno perteneciente a Sonia Chain de Ochoa, la familia fue notificada sobre un supuesto proceso de sucesión sobre su terreno, en el que eran 4 personas las beneficiarias directas del predio y que además estaban siendo defendidas por Heriberto Pérez Herazo, el hermano del Registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla.

El proceso que siguió su curso, aún sin el lleno de los requisitos legales y que hizo efectiva la sucesión, dejó el predio de la familia Ochoa en manos de la organización MYNERSIS S.A, misma que ahora cuenta con los derechos de administración sobre el terreno.

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En cuanto a los proyectos de edificación allí planeados, bajo la titularidad de la constructora de la familia Ochoa ‘La Perla S.A.S’, estos tenían previsto la ejecución de más de 1000 viviendas de interés social, que brindarían alrededor de 1000 empleos de manera directa, incluyendo la contratación de albañiles, maestros de obra, arquitectos, interventores, entre otros, un plan que, debido al secuestro del inmueble, no pudo concluirse.

Un secuestro marcado de ilegalidad

Durante la diligencia de secuestro decretada por la juez, realizada en el 2016, la providencia para esta salió un sábado, día en que todas las oficinas de inspección se encuentran cerradas, además de notificarse durante un domingo, día no hábil para el proceso.

El predio, que contaba con una construcción iniciada, servicios públicos, una casa, un almacén, un apartamento modelo y materiales para la obra que se tenía planeada, fue declarado por el secretario de la diligencia Cristian Kalil Sarmiento, como deshabitado y sin los servicios básicos, otra irregularidad en el proceso.

Apertura tardía de acción disciplinaria

Después de múltiples denuncias ante diferentes entidades y la misma Superintendencia de Notariado y Registro, que fueron radicadas en Bogotá, por el presunto complot del jefe de la Oficina de Instrumentos Públicos en Barranquilla, Rafael Pérez Herazo con su hermano y que estas fueran remitidas al mismo centro en la capital del Atlántico, finalmente, el pasado 4 de noviembre, la entidad dio respuesta a la queja con el inicio de la acción disciplinaria contra el implicado.

Familia Camacho, otras víctimas del Robo de tierras en Soledad

Con el mismo modus operandi: el registro de un documento ilegal que respalda el amparo policivo y que denuncia a los dueños legítimos del inmueble como perturbadores, la familia Camacho, propios de Bogotá, pero dueños de un terreno de 35 hectáreas en Soledad, Atlántico, vieron invadido su predio en lo que resultaría un fraude.

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Tras la diligencia de desalojo, el terreno fue ocupado por un supuesto proyecto inmobiliario, que contaba con cobertura en redes sociales y alta generación de publicidad, por parte de la organización a cargo, identificada como ‘Finca Los Ángeles’.

Fue así como, a través de la división del lote en micro-terrenos, esta supuesta empresa inmobiliaria comenzó a ofertar parcelas desde los $4’000.000 de pesos, para la construcción de primeras viviendas.

De acuerdo con el abogado encargado del caso, la escritura falsa se registró en la Notaría Segunda de Barranquilla, documento con el que se permitió la expulsión de los dueños y el inicio de las obras de construcción por parte de los supuestos herederos.

Sobre esto, las dos Curadurías de Soledad indicaron que los invasores del predio no tenían permiso para la construcción, debido a que las licencias urbanísticas solo se conceden a los propietarios, y que la inmobiliaria tampoco contaba con licencia ambiental, habiendo talado más de 30 hectáreas de árboles, en lo que sería una ciudadela en el municipio.

Y es que, en el caso de los Camacho, fue el inspector de Policía de Soledad, Edward Galindo, hoy suspendido, en conjunto con el Registrador, David de Castro Macías, que se encuentra destituido con 13 años de prisión, quienes permitieron el ingreso de los invasores al predio.

Hasta este momento, la Fiscalía General de la Nación ha vinculado a la investigación a dos personas identificados como: Álvaro Baca Barceló y Roger Luis Seña Rhenals, imputados por delitos de: estafa masiva, invasión de tierras, fraude procesal, urbanización ilegal y falsedad en documento público.