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Ordenan a Alcaldía de Cartagena continuar con desalojo de 16 edificios y hacer un peritaje

El juez determinó que hubo omisión de la Alcaldía y que actuó con falta de planeación e improvisación en las medidas que se adoptaron para evacuar los edificios.

Ordenan a Alcaldía de Cartagena continuar con desalojo de 16 edificios y hacer un peritaje. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo

Ordenan a Alcaldía de Cartagena continuar con desalojo de 16 edificios y hacer un peritaje. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo(Thot)

Culminó la audiencia “preliminar de medida de protección”, que lideró la Fiscalía, y que tenía como objetivo adoptar los mecanismos que permitieran garantizar la vida e integridad de las familias que habitan los 16 edificios que tienen orden de desalojo por parte de la Alcaldía de Cartagena.

La audiencia que tardó dos semanas concluyó con la decisión de la juez, que determinó continuar con el desalojo que había iniciado la alcaldía de Cartagena, luego de conocer el estudio preliminar de la Universidad de Cartagena.

La decisión de la juez dio el plazo de un mes para reubicación de estas familias, respetando sus condiciones socioeconómicas; también estableció que los gastos de mudanza debían ser asumidos por el distrito.

Ante la discusión de los estudios realizados por la Universidad de Cartagena, que habrían sido subcontratados y que tendrían varias irregularidades, la juez ordenó un nuevo peritazgo especializado.

Para la togada, en este caso hubo omisión del distrito y consideró que la Alcaldía actuó con falta de planeación e improvisación en las medidas que se adoptaron para evacuar los edificios.

La Alcaldía deberá implementar hasta tanto se resuelva el problema de inhabitabilidad de las viviendas, las medidas provisionales, de las cuales la Fiscalía debe velar por el cumplimiento de ellas.

Con relación a los créditos bancarios, se estableció que deben tramitarse para cada caso con los repetidos bancos y sobre los servicios públicos, el distrito debe gestionar ante las empresas de que los suministran para que se detenga el cobro.

Finalmente, le ordenan al gobierno local garantizar la vigilancia y custodia de los bienes de estas familias que se encuentran dentro de los edificios.

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