DPN denuncia incumplimiento en contrato nutricional para niños en Magangué
El contrato hace parte de recursos de regalías, por más de mil millones de pesos, los cuales presuntamente no se ejecutaron debidamente.
El Departamento Nacional de Planeación denunció incumplimiento del convenio adelantada por la Alcaldía de Magangué y la cooperativa Coomulsalud, suscrito el 25 de septiembre de 2014 por 1.038 millones de pesos con el objeto de mejorar las condiciones nutricionales de 310 niños con algún grado de desnutrición y atender a 170 madres gestantes, y el cual fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías –SGN.
El director del Departamento Nacional de Planeación –DNP, Simón Gaviria Muñoz, exigió públicamente al alcalde de Magangué, Pedro Manuel Alí, hacer efectiva las pólizas de cumplimiento de dicho contrato.
“El DNP encontró graves irregularidades en la ejecución de dicho convenio, como la entrega de paquetes alimentarios incompletos, complementación nutricional no acorde a las edades, sitio de almacenamiento de los alimentos sin cumplimiento de especificaciones, desconocimiento de los aspectos técnicos del proyecto, propuesta económica diferente a los estudios previos, inexistencia de certificado de idoneidad del contratista, no se publicó el contrato en el Secop habiendo la obligación de hacerlo y aportes en especie no incluidos en el proyecto”.
Simón Gaviria, manifestó su preocupación, porque pese a las investigaciones que adelantan contra del Exalcalde Marcelo Torres en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República a la fecha se haya tomado decisión alguna.
“Este caso en Magangué, es el ejemplo nacional de corrupción, toda vez que se atentó contra los derechos de la infancia magangueleña”.
Ante el llamado hecho por parte del Gobierno Nacional, el alcalde Pedro Manuel Alí Alí, dijo que, “a través de la Secretaría de Planeación y la Oficina Jurídica de la Alcaldía se viene tramitando el cobro de dichas pólizas, pero le corresponde a la Fiscalía, la Procuraduría y la Controlaría y no a mí, determinar la gravedad del delito, la falta disciplinaria o el detrimento al patrimonio público que efectivamente se evidencia de la ejecución del contrato y establecer las sanciones pertinentes”.