Omitió su deber de investigar: la imputación al general Paulino Coronado
El oficial (r) es señalado de en cambio, haber organizado una "estrategia de desprestigio" a las denuncias de organizaciones y comunidades.
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) reveló los detalles de la imputación en contra del máximo oficial al que responsabilizó en el periodo 2007 a 2008 por el fenómeno criminal de ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo, Norte de Santander, el general (r) Paulino Coronado.
De acuerdo con las conclusiones expresadas por los magistrados relatores del caso, Coronado, en su condición de comandante de la Brigada 30, es responsable de 55 homicidios de civiles ajenos al conflicto al haber incumplido su deber de impedir la continuidad de los falsos positivos por lo menos desde el 6 de diciembre de 2007, fecha en la que organizaciones y campesinos lo citaron a una reunión para expresarle sus denuncias.
"Al enterarse de la perpetración de crímenes contra la población civil, no hizo nada para sancionarlos ni para evitar que se repitieran, por esto la Sala lo considera responsable de los asesinatos que se cometen después de que él se enteró de esta práctica criminal" señala la decisión de la JEP.
De hecho, aunque en su versión voluntaria ante la jurisdicción Coronado negó haber recibido alertas de ese estilo, fue contradicho por subalternos y hasta informantes. También se supo que el general (r) echó a andar una estrategia de defensa "a toda costa" de las tropas y hasta llevó personas a que defendieran la "legalidad" de las operaciones.
Lo anterior, especialmente cuando se destapó el escándalo de los "jóvenes de Soacha".
"Sobre los hechos denunciados en el caso de los jóvenes de Soacha, Coronado expone la situación como una estrategia de desprestigio contra el Ejército y propone enfrentarla presentando más resultados operacionales, contrario al deber que le asistía de ordenar las investigaciones correspondientes" indica la determinación.
También fue contradicho cuando negó que tuviera control operacional sobre la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería número 15, pues comparecientes y material probatorio afirman que entregaba órdenes operacionales hasta por programas radiales.
La JEP también concluyó que Coronado era uno de aquellos comandantes que presionaba a sus unidades para obtener resultados y realizaba el ofrecimiento de beneficios, lo cual incrementó la tendencia a que ocurrieran ejecuciones extrajudiciales para la obtención de esas recompensas.
El tribunal especial consideró que Coronado es responsable en calidad de autor por omisión de crímenes de guerra de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y asesinato.