Legalizan capturas por defraudación de pensiones de los colombianos
Se trata de 10 personas responsables de ofrecer servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común.
La Fiscalía General de la Nación legalizó las capturas de 10 personas identificadas como responsables de ofrecer servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales.
Según la entidad, estas personas ofrecían la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio. Esto se realizaba luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otras enfermedades.
Con este sistema, lograron pensionarse cerca de 400 personas que, desde 2011, estarían pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas siquiátricos o con enfermedades varias. Además de estos, hoy en día hay 150 personas adicionales que estarían tratando de obtener la pensión por este sistema.
La Fiscalía estima que una sola persona ha defraudado a la Administración en 233 millones de pesos, con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 90 mil millones de pesos solo en Valledupar (Cesar).
Hurto a los bancos
El objetivo de la defraudación no iba dirigido solo contra los fondos pensionales sino que alcanzaba al sistema financiero.
Uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que tramitaban la pensión ilegal a estas personas era pedirles que, antes de la declaratoria de problemas mentales o físicos, se acercaran a una institución bancaria para pedir créditos por altos montos.
Una vez obtenían pensión por invalidez, cobraban el seguro y se les condonaban los créditos.
Un juez legalizó la captura de:
- Teresa de Jesús De la Hoz Solano, médico
- Eduardo Urbano Marugo Castrellón, médico, integrante de la junta
- Carlos Arturo Montero Araújo, médico, integrante de la junta
- Manuel de Jesús Altamar Colón, médico siquiatra
- Gilmar Silvero Linero, médico y abogado
- Emili Said Baines Ferrer, abogado
- Mariano De Jesús Amarís Consuegra, abogado, integrante de la junta
- Yamile de Jesús Pérez Domínguez, sicóloga, integrante de la junta
- José Miguel Meléndez Vega, intermediario
- Gian Carlos Miranda Isaza, intermediario
Estas personas serán señaladas por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Los trabajadores que defraudaron al sistema pensional en fondos privados de pensión y Colpensiones pertenecían a las empresas Drummond, Prodeco y Cerrejón.