Legalizan capturas de tres presuntos implicados en construcciones ilegales en Cartagena

A las 3:47 de la tarde de este viernes ante la Jueza Tercera Penal Municipal de Cartagena se realizó la audiencia de legalización de capturas de tres nuevos capturados en medio de la llamada operación Castillos de Arena, que adelanta la Fiscalía en contra de los involucrados en las construcciones ilegales del clan Quiroz, que hace un año cobraron la vida de 21 personas al desplomarse un edificio en el barrio Blas de Lezo, al sur de la ciudad.

Se trata del concejal conservador Rodrigo Raúl Reyes Pereira, quien para la época de los hechos que investiga la Fiscalía se desempeñaba como alcalde de la localidad 2; Pedro Buendía Elles, quien estuvo en el cargo de alcalde local 3 entre 2012 y 2015; y Jorge Cudris Pájaro, quien se desempeñaba hasta el momento de ser capturado como funcionario de la alcaldía local 3. 

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Según la Fiscalía, los funcionarios y ex funcionarios presuntamente estarían comprometidos en actividades de urbanización ilegal y, a cambio de coimas habrían omitido sus obligaciones y labores de control como lo establece la ley. Algunos de ellos, incluso, presuntamente recibieron dineros por el incumplimiento de sus funciones.

Por ello contra Reyes y Buendía la Fiscalía imputa los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por omisión. Según el ente investigador, la imputación se da en concurso material heterogéneo por 2 edificaciones, es decir, por cada edificio se les atribuirá responsabilidad (dos delitos a cada uno por cada edificación).

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En el caso de Cudris, la Fiscalía le imputa los delitos de cohecho propio, urbanización ilegal y prevaricato por omisión, en concurso material heterogéneo por cinco edificaciones.

Las capturas de los mencionados se realizaron en la mañana de este viernes. 

Legalizaciones pendientes

Para hoy también estaban previstas las capturas y posteriores legalizaciones de otros dos funcionarios del Distrito que hasta el momento no han sido concretadas.

Se trata de Gilberto Marrugo Maldonado y Ricardo Castellar Pérez funcionarios  distritales asignados a las alcaldías locales 2 y 3, que visitaban de forma coordinada y sistemática las  construcciones y habrían permitido que continuaran de manera ilegal,  incumpliendo sus funciones de control, a cambio de coimas.