En libertad presuntos vinculados al carrusel de las pensiones de empresas mineras en Cesar
Por estos mismos hechos han sido capturadas 62 personas, esto desde abril de 2018.
En libertad presuntos vinculados al carrusel de las pensiones de empresas mineras en Cesar. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo(Thot)
La Fiscalía General de la Nación, Seccional Cesar, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron en las últimas horas a seis personas más por el carrusel de las pensiones en las empresas mineras de Cesar, esto, como resultado de la operación Frenocomio Fase VII.
Por estos mismos hechos han sido capturadas 62 personas, esto desde abril de 2018. Hasta el momento, todos los detenidos han recuperado su libertad por disposición de los jueces, aunque continúan vinculados al proceso.
Las más recientes capturas, seis en total, corresponden a:
Geovany Pampini Molina Daza
Aldo Enrique Mendoza Peralta
Fabio Martín Miranda Guzmán
Fabián Pacheco Duran
Johnny Hernández Amaris y
Neiron Silva Mendoza.
A estas personas la Fiscalía le les imputara los delitos de estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal.
Las diligencias de registro y allanamiento se llevaron a cabo en los barrios El Carmen, Mirador de la Sierra, La Fontana y La Castellana de Valledupar y en el barrio Villa Estadio de Soledad (Atlántico) y La Guajira en Manaure (Cesar).
Al parecer, estas personas fueron empleados de El Cerrejón, Prodeco y la Drummon y harían parte de un grupo de personas que habría incurrido en irregularidades para obtener sus pensiones.
Material probatorio
La Fiscalía ha reunido material probatorio que evidencia que con avales de médicos de calificadoras de Colpensiones, funcionarios públicos de que hacen parte de la Junta Regional de Calificación del Cesar (JRC), abogados, psiquiatras, y juzgados laborales y civiles presentaban documentación falsa para ser pensionados por problemas médicos.
Al parecer, un paciente que no alcanzaba un puntaje para pensionarse por problemas de salud contactaba a la JRC y negociaba una calificación del 50% y más de la pérdida de capacidad laboral.
En otros casos el psiquiatra era el contactado para expedir un dictamen declarando a la persona mentalmente inválida. Esto contando además con el aval de Colpensiones.
Cuando el dictamen era apelado por las empresas, los que entraban a jugar un papel importante eran los juzgados laborales que a través de tutelas ordenaban a los fondos pensionales y a las aseguradoras pensionar y pagar las respectivas pólizas.
