Capturan a un capitán y otros tres integrantes del Ejército en Cauca
Según las autoridades, el oficial, dos sargentos y un soldado son investigados por facilitar el tráfico de estupefacientes a cambio de gruesas sumas de dinero.
La Fiscalía confirmó que fueron asegurados un capitán, dos suboficiales y un soldado del Ejército Nacional, investigados por presuntamente facilitar el tráfico de estupefacientes a cambio de gruesas sumas de dinero en la vía Balboa-Argelia, sur del Cauca.
De acuerdo al reporte oficial, los uniformados: un capitán, dos sargentos y un soldado, fueron cobijados con medida de aseguramiento en las instalaciones de la Tercera Brigada, tras la decisión de un juez de control de garantías.
Los investigados son el capitán Adrián Mauricio Martínez Sotelo; los sargentos Germán Andrés Mora Narváez y Ronald Ginel Buenaventura Franco, así como el soldado Daniel Aranda Montealegre.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico o porte de estupefacientes; cohecho propio; peculado por apropiación; prevaricato por omisión, fraude procesal y ocultamiento, destrucción o alteración de elemento material probatorio.
Según el ente acusador, entre los meses de febrero y junio de este año, los imputados, adscritos a la compañía Charly de las Fuerzas Armadas, que tenían control de la criminalidad en Balboa y Argelia, especialmente en el sector de San Alfonso, habrían permitido el tránsito de sustancias estupefacientes, recibiendo dádivas.
Por otra parte, las autoridades establecieron que estos uniformados habrían participado en el cobro de dineros para el otorgamiento de permisos a los soldados.
La Fiscalía solicitó las órdenes de captura al Juzgado Promiscuo de Rosas, las cuales se hicieron efectivas y en las audiencias preliminares, el juez impuso medida de aseguramiento para los uniformados, en las instalaciones de la Tercera Brigada.
El director encargado de la Seccional de Fiscalías en Cauca, Rafael Pretelt, dijo que las detenciones se materializaron en la ciudad de Ocaña y las diligencias de judicialización se cumplieron en Popayán por ser la jurisdicción donde se cometieron los delitos.
“Las labores de investigación y judicialización duraron aproximadamente seis meses, las cuales tienen información relevante en relación con los cargamentos que estaban pasando”, agregó.