Nicaragua se encamina a su peor crisis económica de los últimos 30 años

El Gobierno del presidente Daniel Ortega echó mano de medidas económicas, siempre impopulares, para intentar recomponer la economía que, según el sector privado, provocará cierre de empresas, más desempleo, mayor informalidad en el mercado laboral, crecimiento del déficit fiscal, y aumento de la pobreza.

Dicha crisis comenzó el 18 de abril pasado por unas inconsultas reformas a la seguridad social que fueron abolidas por el Ejecutivo tras un estallido social que dejó cientos de muertos y de detenidos en protestas, y otros miles en el exilio.

Esas manifestaciones callejeras acabaron además con el modelo de alianza y consenso que mantenía el Ejecutivo con el gran capital y los sindicados y que, a juicio del sector privado, había dejado "tantos frutos y resultados" a Nicaragua.

Casi diez meses después de haber comenzado la crisis, Ortega, sin el consenso del sector privado, impuso unas nuevas modificaciones a la seguridad social que aumenta la cuota de las empresas y de los empleados en 3,5 y 0,75 puntos porcentuales, respectivamente.

También presentó en el Parlamento, controlado por el oficialismo, una propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que eleva el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias, entre otros, con el fin de recaudar recursos tras la fuerte caída de la economía a causa de la crisis.

Los diferentes agentes económicos, que consideran esas medidas de "carácter recaudatorio", han advertido una mayor debacle económica.

"Hay empresas que ya no van a poder seguir operando", aseguró el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), José Adán Aguerri, que auguró mayor desempleo y pobreza con esas medidas.

El deterioro económico experimentado en 2018 y el que se espera en 2019 no se puede revertir con medidas económicas, porque su origen radica en la crisis política y socioeconómica que vive el país, argumentó, por su lado, la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en un estudio.

Estos acuerdos políticos deben incluir, al menos, garantías del respeto a los derechos constitucionales, la libertad de los presos políticos, el esclarecimiento de la verdad detrás de los hechos de violencia, así como elecciones libres, observadas, transparentes y anticipadas, señaló la Funides.

La confianza de consumidores, empresarios e inversionistas, así como la seguridad ciudadana y la cohesión social, solo podrán restablecerse con acuerdos políticos que aseguren un cambio en el rumbo de Nicaragua, según diversos sectores.

En ese escenario, el producto interno bruto (PIB) de Nicaragua se contraerá entre un 7,3 % a un 10,9 % en 2019, según el Funides, que observó que el riesgo país ha aumentado significativamente.

Asimismo, advirtió que las sanciones impuestas a Nicaragua por parte de Estados Unidos, su principal socio comercial, jugarán un rol clave en la dinámica de la actividad económica.

El Senado estadounidense aprobó el proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Estados Unidos tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.

Con dos años seguidos de contracción económica, Nicaragua se encaminaría a su peor crisis económica de los últimos 30 años.

Entre 1985 y 1989, durante el primer régimen sandinista, el PIB de Nicaragua decreció 11,9 %, 14,1 %, 1 %, 36,4 % y 31,1 %, en ese orden, según cifras del Banco Central.

Después de esa fecha, los otros años en que la economía nicaragüense ha terminado en números rojos son en 1993 (-4,4 %), 2002 (-3,2 %) y 2009 (-2,8 %).

Antes de la crisis sociopolítica, Nicaragua era el país de la región, después de Panamá, con mayor crecimiento.