CIDH alertó por la persecución de defensores de DDHH en Colombia, Venezuela y Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este jueves su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El documento contiene una serie de preocupaciones por la persecución que enfrentan los líderes sociales y defensores de DDHH en naciones como Colombia, Nicaragua y Venezuela.

Colombia

En relación con Colombia, la Comisión reconoció los esfuerzos realizados por el Estado colombiano en la creación del marco normativo y la puesta en marcha de la estructura institucional necesaria para la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc; pero, a su vez, reiteró su “profunda preocupación por el alto número de ataques a defensores de DDHH y líderes sociales". 

Cifras rescatadas en el informe de la Defensoría del Pueblo indican que, entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018, se registraron 343 homicidios de líderes sociales y defensores. Los departamentos con mayor afectación fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. 

Por su parte, Indepaz contó 566 asesinatos de este tipo desde el 2016 hasta el 10 de enero de 2019.

Mientras tanto, en lo que va del 2018, el representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Alberto Brunori, afirmó que en el 2018 hubo 113 defensores asesinados y, en lo corrido de este año, van 29.

La CIDH advirtió que el Estado colombiano no debe utilizar “el poder punitivo y sus órganos de justicia con el fin de criminalizar a defensores y defensoras en retaliación a sus actividades”.

Cabe recordar que la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, le dijo a la Agencia Anadolu que: “el mecanismo de protección de los defensores de DDHH en Colombia no cumple con las expectativas, ni responde al contexto tras la firma del acuerdo. El gobierno de Iván Duque, pese a su retórica y las promesas, no tiene como una de sus prioridades la disminución de estos homicidios”. 

Nicaragua 

El país dirigido por Daniel Ortega está en una situación alarmante. La nación centroamericana vive una realidad precaria donde las capturas arbitrarias y crímenes contra líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos son una constante. 

La CIDH evidenció “diversas agresiones, ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos y otros líderes sociales y religiosos cometidas tanto por agentes estatales como por terceros armados en el contexto de las protestas iniciadas desde el 18 de abril del 2018”. 

La Comisión aseguró que el ataque a estos individuos produce un efecto “amedrentador” que se extiende a quienes defienden causas similares. 

El organismo adjunto a la OEA sugirió que “el temor causado en virtud de los actos en contra de la vida, puede disminuir directamente las posibilidades de que los defensores ejerzan sus derechos”. 

A partir del monitoreo permanente sobre Nicaragua, la CIDH comprobó distintas etapas o fases de represión estatal bajo diferentes modalidades desde el pasado mes de abril. 

Entre ellas destacan el uso excesivo de la fuerza policial, el accionar de grupos parapoliciales, un patrón de detenciones injustas de jóvenes que participaban en protestas, intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales y la falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos. 

Al 15 de febrero de 2019, la CIDH advirtió que la represión a las manifestaciones iniciadas el 18 de abril resultó en la muerte de 325 personas, de las cuales 21 serían policías y 24 niñas, niños y adolescentes. 

La administración de Ortega declaró que, debido a la violencia desatada en abril pasado, han fallecido 198 personas. 

Además, unos 700 presos políticos están detenidos según números de la fuerza opositora Alianza Cívica. Por su parte, el Estado reconoce que mantiene capturados a 372 personas (345 hombres y 27 mujeres).

El oficialismo rechazó las observaciones de la CIDH por: “Falta de objetividad, imparcialidad y manifiesto sesgo, reflejando intereses políticos desestabilizadores”.

Venezuela

La CIDH remarcó que, durante el 2018, la situación de defensores de derechos humanos en Venezuela continuó caracterizándose por un entorno de intenso hostigamiento a su trabajo.

En ese sentido, el documento retomó entrevistas que la ONU recolectó en suelo venezolano y que dieron cuenta de las intimidaciones contra líderes sociales por parte de las autoridades gubernamentales, incluidas las fuerzas de seguridad. 

Atendiendo esta información, la Comisión consideró que la situación de los defensores de DDHH en Venezuela, en comparación con el “Informe Anual de 2017”, no ha variado sustancialmente. 

El pasado 25 de febrero, la CIDH mencionó los casos del presidente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Marco Antonio Ponce, quien fue objeto de campañas de estigmatización por parte de diversos medios de comunicación oficialistas.

El organismo denunció también persecuciones a los coordinadores de la organización Foro Penal en los estados de Nueva Esparta y Zulia, quienes estarían siendo objeto de seguimiento y vigilancia por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

Finalmente, la CIDH recordó que el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró 23.047 muertes violentas durante el 2018. Según esto, 7.523 decesos se produjeron por resistencia ante las autoridades y 5.102 casos aún son procesados por la ley. 

Mientras que el Monitor de Víctimas -apuntó la CIDH- informó que para octubre de 2018 la Policía Nacional Bolivariana (incluyendo las Fuerza de Acciones Especiales) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) son las dos instituciones de seguridad que ostentan mayor cantidad de homicidios, con 57% y 35% respectivamente. 

“Es indispensable reiterar el llamado a eliminar la participación de las fuerzas armadas en las actividades de seguridad ciudadana, que son de competencia de los cuerpos policiales, como así también a eliminar la incorporación de civiles en las estrategias de seguridad interna”, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.