Alan García se declara víctima de persecución política por el caso Odebrecht
La fiscalía solicitó que se le impida salir del país para evitar que evada los actos judiciales, tal y como ya lo hizo tras su primer mandato, señalado de enriquecimiento ilícito.
El expresidente peruano Alan García calificó de persecución política la solicitud de impedimento de salida del país presentada por el fiscal que lo investiga por haber recibido presuntos pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht.
"Lamento mucho que se use este tipo de instrumentos para difamar a una persona política", indicó García, que compareció ante periodistas en la puerta de su domicilio por segunda vez en el día.
Sin embargo, el exmandatario aseguró que acepta la medida a pesar de que todavía esté pendiente de ser resuelta por un juez, porque afirmó que es "el más interesado" en que se investigue todo.
"Tengo varios testimonios que prestar en otras investigaciones", comentó García, quien reside habitualmente en Madrid después de haber optado en las elecciones presidenciales de 2016 a un tercer mandato.
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García lamentó que el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones, lo hiciese volver hoy a Lima desde Madrid para acudir a un interrogatorio que suspendió para seguidamente solicitar que se le prohíba salir del país.
El fiscal optó por ampliar las investigaciones contra García por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos al conocer por un reporte periodístico de IDL Reporteros que Odebrecht le pagó una conferencia con 100.000 dólares, supuestamente de la cuenta oculta con la que entregó sobornos en al menos 12 países de Latinoamérica.
El líder del Partido Aprista Peruano (PAP) afirmó que sus honorarios "no tienen nada que ver con la Caja B (de Odebrecht)", y reiteró que fue contratado por Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), "que tiene más de 150.000 afiliados".
"Entiendo que uno de ellos es Odebrecht", admitió a García, quien señaló que la contratación se hizo "a través de una agencia que busca conferencistas".
Ese intermediario fue José Américo Spinola, colaborador eficaz de las investigaciones contra Odebrecht que detalló el pago a García, con contratos fechados con anterioridad al momento real de su suscripción para así enmascarar los supuestos pagos ilícitos.
Las sospechas sobre García tomaron peso desde que el ejecutivo de Odebrecht Carlos Nostre declaró ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos por la Línea 1 del Metro de Lima, de los que 14 estaban dirigidos a altos funcionarios de su Gobierno.
El objetivo del pedido de impedimento de salida del país es evitar que García eluda el proceso, como ya lo hizo en 1992, cuando se exilió en Colombia y luego en Francia para evitar ser procesado por enriquecimiento ilícito en su primer mandato (1985-1990), hasta que en 2001 la Corte Suprema declaró que los delitos habían prescrito.
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El caso Odebrecht abarca en Perú los sobornos que la empresa admitió haber pagado entre 2005 y 2014 a cambio de que le adjudicaran millonarios contratos en obras públicas y las donaciones irregulares para financiar las campañas de los principales líderes políticos.
Además de García, otros expresidentes involucrados en el caso son Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (20016-2018), así como la líder opositora Keiko Fujimori, perdedora de las dos últimas elecciones presidenciales, quien actualmente está en prisión preventiva.
