Presidente de Uniban se notificará hoy del llamado a indagatoria de la Fiscalía
El presidente de la bananera Uniban, de Urabá, Luis Fernando Arango dijo a la W que acudirá hoy a la Fiscalía especializada de Medellín para notificarse del llamado a indagatoria que hizo en el marco de las investigaciones que adelanta para establecer su presunta responsabilidad en la financiación de grupos al margen de la ley.
El presidente de la bananera Uniban, de Urabá, Luis Fernando Arango dijo a la W que acudirá hoy a la Fiscalía especializada de Medellín para notificarse del llamado a indagatoria que hizo en el marco de las investigaciones que adelanta para establecer su presunta responsabilidad en la financiación de grupos al margen de la ley.
Luis Fernando Arango, dijo que no es la primera vez que se debate el tema de los aportes que hicieron las compañías bananeras a compañías privadas de seguridad y anunció que se pondrá a disposición de la Fiscalía todos los documentos que certifican las operaciones.
"No es la primera vez, es un tema que se trata del aporte de la compañía de vigilancia y seguridad privada de Urabá, es un hecho real y nunca se ocultó, en una comunicación conjunta de las compañías bananeras se mencionó y a eso es lo que se está refiriendo el requerimiento", indicó el ejecutivo a la W.
Agregó que es muy aventurado predecir la responsabilidad que le pueda asistir a cada una de las personas llamadas a indagatoria por la Fiscalía.
"Todo lo que se derive de ahí en adelante se aclarará en el transcurso de las investigaciones", dijo Arango al rechazar que haya financiado a paramilitares directamente tal como lo aseguran alias H.H. y Mancuso en sus versiones libres ante la justicia.
La Fiscalía intenta establecer la responsabilidad además de la Bananera Uniban, de las compañías Proban y Sunisa-Del Monte, las cuales al parecer, habrían aportado tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada entre 1995 y 2004.
Trascendió además que se evalúa la posibilidad de vincular al proceso a los directivos de Papagayo, una empresa que fue usada como fachada para financiar grupos paramilitares y de la que fue representante legal el hoy alcalde electo de Carepa.
