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ONU llama la atención por incumplimientos en reincorporación de las Farc

La seguridad de los excombatientes y la reincorporación de los menores de edad son las principales preocupaciones de la organización internacional.

La seguridad de los excombatientes y la reincorporación de los menores de edad de las Farc son las principales preocupaciones de la. Foto: Getty Images

La seguridad de los excombatientes y la reincorporación de los menores de edad de las Farc son las principales preocupaciones de la. Foto: Getty Images(Thot)

La W conoció en primicia el informe que presentará en Nueva York el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez. En este documento, Arnault hace un llamado de atención sobre los graves retrasos en el proceso de implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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Una de las primeras preocupaciones de Arnault es la ejecución del programa de sustitución de cultivos ilícitos, pues indica que las familias se han quejado de la falta de recursos para el programa, de demoras en las inversiones para estas comunidades y de la llegada de nuevos grupos armados ilegales. Agrega que estas situaciones ponen en riesgo la sostenibilidad de la sustitución.

Respecto al acceso a la tierra y los proyectos productivos, la organización señala que el número de hectáreas asignadas es insuficiente, pues hasta el momento apenas están en proceso de asignación 400 ha, una cifra muy baja.

De las 70 cooperativas de excombatientes que se esperaban, solo ocho están oficialmente constituidas y pueden operar. Además, hasta ahora solo se han aprobado ocho proyectos productivos de los 26 que se esperaban como mínimo, y el Gobierno ha desembolsado fondos apenas para tres de esos proyectos. Para la ONU, esta situación demuestra que “el objetivo fundamental de proporcionar oportunidades de generación de ingresos a 14.000 excombatientes está lejos de alcanzarse”.

El punto más alarmante es el de seguridad de los excombatientes. Como lo reveló este medio el pasado 24 de julio, en los últimos cuatro meses han sido asesinados 22 exguerrilleros que estaban en el proceso de reincorporación y no en las disidencias, para un total de 51 asesinatos desde que ocurrió la delación de armas.

Sin embargo, el informe detalla que la mayor amenaza para los exguerrilleros tiene que ver con el tráfico de droga y organizaciones como el Clan del Golfo. También reconoce que hay temor entre los excombatientes que se encuentran en los espacios territoriales por lo ocurrido con Jesús Santrich, pues creen que no tienen garantías jurídicas.

Para el jefe de la misión de la ONU, los instrumentos creados en el acuerdo para evitar los asesinatos como el Cuerpo Élite de la Policía, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, el refuerzo de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de paz, el Plan Horus de las Fuerzas Militares, no han servido porque el problema incluso se ha agravado. Esto se debe a que el despliegue de la Fuerza Pública no ha estado acompañado por la presencia de otras entidades del Estado.

Aunque el acuerdo preveía un enfoque étnico, el mismo no ha contado con recursos o espacios para ejecutarse, lo que para la ONU es inquietante porque muchos de los líderes asesinados en los últimos meses pertenecían a las comunidades indígenas o afro.

Sobre los menores que estaban en la guerrilla, la ONU presenta un panorama lamentable. Aseguran que muchos de ellos no han recibido ningún tipo de información o beneficio asociado a la reincorporación, no tienen para su subsistencia diaria y sus familias están en pobreza extrema, lo que les ha generado angustia emocional. En los espacios territoriales no hay guarderías o servicios para mejorar las condiciones de vida de los niños y solo Unicef ha estado prestando apoyo en este sentido en la zona territorial de Filipinas en Arauca.

Finalmente, Arnault es enfático en que el presidente Iván Duque será el responsable de dar continuidad y llevar a cabo todo lo que el gobierno Santos no hizo en materia de reincorporación.

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