María del Rosario Guerra denuncia aumento de burocracia en el Gobierno
La senadora del Centro Democrático realizó un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado sobre el aumento de cargos en el Gobierno Nacional.
De acuerdo con la senadora, entre los años 2010 y 2015 se crearon 18.273 cargos adicionales en la rama ejecutiva. Esta nómina le habría costado al Estado colombiano alrededor de 3.5 billones de pesos. Guerra recordó que en el año 2011 se reformó la administración pública con las facultades extraordinarias que dio el Congreso al Presidente de la República, con base en la Ley 1444 de 2011, y fueron creadas cuatro altas consejerías presidenciales, 3 ministerios, 5 unidades administrativas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entre otras entidades.
La senadora también alertó sobre el aumento desproporcionado de los honorarios pagados a miembros de juntas directivas de empresas del Estado. De acuerdo con la parlamentaria, estos oscilaron entre el 111% y el 1.565% entre 2009 y 2015.
De esta manera, Guerra recomendó que el debate de más ingresos para el Estado mediante impuestos, deba ir acompañado de una reforma estructural en la concepción del Estado; la eliminación del inciso de la ley 4ª. de 1992, que permite el pago de honorarios a funcionarios públicos por Juntas Directivas de las empresas del Estado; y el acompañamiento obligatorio de comisiones especializadas del DNP que garanticen sostenibilidad, coherencia conceptual y procedimental en las reformas administrativas del Estado.
La senadora también alertó sobre el aumento desproporcionado de los honorarios pagados a miembros de juntas directivas de empresas del Estado. De acuerdo con la parlamentaria, estos oscilaron entre el 111% y el 1.565% entre 2009 y 2015.
De esta manera, Guerra recomendó que el debate de más ingresos para el Estado mediante impuestos, deba ir acompañado de una reforma estructural en la concepción del Estado; la eliminación del inciso de la ley 4ª. de 1992, que permite el pago de honorarios a funcionarios públicos por Juntas Directivas de las empresas del Estado; y el acompañamiento obligatorio de comisiones especializadas del DNP que garanticen sostenibilidad, coherencia conceptual y procedimental en las reformas administrativas del Estado.
