Líderes denuncian falta de recursos para aplicar medidas de seguridad del Gobierno

Líderes sociales de varias regiones del país se reunieron este martes en Bogotá para denunciar las amenazas y atentados de los cuales continúan siendo víctimas por parte de organizaciones ilegales. 

Andrés Chica, líder social del departamento de Córdoba, explicó que la situación en las regiones es grave y se agudiza por la falta de recursos en los entes territoriales para llevar a cabo las medidas de protección que ha decretado el Gobierno Nacional. 

"Vamos a las Alcaldías con los líderes amenazados y el Alcalde nos dice, sí, los decretos están pero no hay plata para sacarlos, ni para moverlos, ni para hacer nada, entonces estamos hablando de unos saludos a la bandera", dijo Chica. 

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Agregó que los asesinatos de líderes sí se han incrementado desde la segunda vuelta presidencial, pero que no se puede desconocer que esta situación se presenta desde hace varios años, como lo han documentado y denunciado en diferentes instancias a nivel nacional e internacional. "Decir que hay un plan macabro estilo la Unión Patriótica sería muy aventurado, pero las cifras sí han aumentado", señaló. 

El líder además denunció que en algunas regiones habría permisividad de la Fuerza Pública con los victimarios, pues explicó que en un caso fueron a poner la denuncia en la Policía y al salir de la estación recibieron una llamada amenazante por su actuación. 

Igualmente, dijo que los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección no son la solución, pues a pesar de su asignación algunos líderes han sido asesinados y en un caso la UNP tuvo que sacar a su escolta de la región por amenazas. 

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Por su parte, Luz Perly Córdoba, vocera de la Coccam, criticó que el Gobierno niegue la sistematicidad de estos asesinatos, teniendo en cuenta las elevadas cifras de los últimos meses. "Yo no sé cuántos muertos hacen falta para reconocer la sistematicidad", indicó. 

Agregó que se ha propuesto la creación de guardias campesinas, similares a las guardias indígenas y cimarronas, como método de autoprotección de las comunidades sin el uso de las armas. 

Por otra parte, denunció la fumigación con glifosato en el Parque Nacional Natural de La Macarena para la erradicación de cultivos ilícitos y dijo que sí hay voluntad de las comunidades de acabar con los cultivos de coca, pero que los programas de sustitución no han llegado ni se han cumplido. 

"Los proyectos productivos no llegaron y no lo van a hacer con el nuevo gobierno, la gente va a retornar a la coca como única opción y se van a agravar los problemas. Hemos puesto la vida por sustituir los cultivos, sí hay voluntad por parte de las comunidades", dijo.