Ley de Restitución de Tierras recibe críticas de las organizaciones de Derechos Humanos
Para estas organizaciones, los excesivos requisitos, trámites, procedimientos y los altos estándares probatorios exigidos hacen inocua e ineficaz" la aplicación de la ley.
Las organizaciones de víctimas como la Asociación Tierra y Vida, la Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación, la Corporación Nuevo Arco Iris, y Redepaz, le enviaron una carta al presidente de la República, en donde advierten preocupación por la creación de nuevos trámites y requisitos para la restitución de tierras.
De acuerdo con la misiva, la Unidad de Restitución de Tierras exige pedir autorización por escrito a los testaferros y usurpadores de los terrenos para hacer los levantamientos topográficos, necesarios como material probatorio en el proceso de reclamación.
Para estas organizaciones defensoras de los derechos humanos, los excesivos requisitos, trámites, procedimientos y los altos estándares probatorios exigidos, hacen “inocua e ineficaz la aplicación de la ley, e inviable la devolución de tierras a los despojados”.
En este mismo sentido, se insiste en la necesidad de un ajuste en la aplicación de la ley, para poder cumplir con las metas del gobierno nacional.
Igualmente, se destacaron las cifras según las cuales, este año se han registrado a nivel nacional 34.000 reclamaciones, de las cuales sólo se han producido 24 sentencias por los Jueces de Tierras.
“A este ritmo las metas del Gobierno Nacional en la restitución de tierras no se podrán alcanzar, por lo que insistimos en la necesidad de un ajuste en la aplicación de la Ley que tome como rutas preferentes la restitución colectiva y la vía administrativa” Señala un aparte de la comunicación escrita.
Finalmente, le piden al jefe de Estado que preste atención sobre el proceso para las víctimas, dado que esto sería “la única garantía para que las expectativas de las víctimas no se vean frustradas una vez más”.
De acuerdo con la misiva, la Unidad de Restitución de Tierras exige pedir autorización por escrito a los testaferros y usurpadores de los terrenos para hacer los levantamientos topográficos, necesarios como material probatorio en el proceso de reclamación.
Para estas organizaciones defensoras de los derechos humanos, los excesivos requisitos, trámites, procedimientos y los altos estándares probatorios exigidos, hacen “inocua e ineficaz la aplicación de la ley, e inviable la devolución de tierras a los despojados”.
En este mismo sentido, se insiste en la necesidad de un ajuste en la aplicación de la ley, para poder cumplir con las metas del gobierno nacional.
Igualmente, se destacaron las cifras según las cuales, este año se han registrado a nivel nacional 34.000 reclamaciones, de las cuales sólo se han producido 24 sentencias por los Jueces de Tierras.
“A este ritmo las metas del Gobierno Nacional en la restitución de tierras no se podrán alcanzar, por lo que insistimos en la necesidad de un ajuste en la aplicación de la Ley que tome como rutas preferentes la restitución colectiva y la vía administrativa” Señala un aparte de la comunicación escrita.
Finalmente, le piden al jefe de Estado que preste atención sobre el proceso para las víctimas, dado que esto sería “la única garantía para que las expectativas de las víctimas no se vean frustradas una vez más”.