La Jep firmó un convenio para transporte y protección de magistrados y funcionarios
Se incluyeron camionetas blindadas, chalecos antibalas y hombres de protección para los magistrados del tribunal.
Jep firmó un convenio para transporte y protección de magistrados . Foto: Colprensa(Thot)
En los primeros meses del 2018 el tribunal de la JEP arrendó 40 vehículos para el desplazamiento de los magistrados y funcionarios del tribunal de paz, de estos vehículos solo 3 eran blindados y el alquiler de cada vehículo tenía un costo aproximado de 6 millones de pesos, en su momento en la W Radio se denunció que con el precio por el de alquiler de los vehículos era igual o mayor al valor de los vehículos totalmente nuevos.
El pasado 30 de agosto de 2018 se celebró un convenio Interadministrativo entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad Nacional de Protección el objetivo era contar con 56 esquemas de seguridad para “los magistrados del Tribunal y Salas de Justicia, la Secretaría Ejecutiva y el Director y Fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación.
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Este convenio empezó a regir el 10 de septiembre y terminaba el 31 de diciembre de 2018, este tenía un costo inicial para la JEP de tres mil ochocientos millones de pesos sin embargo el 21 de diciembre de 2018 la Secretaría Ejecutiva de la JEP y la UNP lo ampliaron hasta el 14 de marzo de 2019, por un costo para la JEP de mil novecientos millones.
En total, para los seis meses la JEP gastó cinco mil setecientos millones de pesos en 56 vehículos, esto significa que en este convenio el alquiler de los vehículos tendría un valor aproximado de diecisiete millones de pesos por cada mes.
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Sin embargo fuentes del tribunal de paz consultadas por la W aseguraron que el incrementó en el valor se dio porque esta vez los vehículos son camionetas totalmente blindadas y adicional se cuenta con un chaleco antibalas y una persona que vela por la seguridad e integridad de los miembros de la Jep a los cuales se les asignó el completo esquema de seguridad.
Estos esquemas se adquirieron mediante un convenio con la Unidad Nacional de Protección, lo que da más legitimidad al proceso.
