Fiscalía reveló ante la JEP preocupante informe sobre situación de líderes sociales

En el  informe presentado por la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se describe y analiza la presunta participación de agentes del Estado en la victimización de defensores de derechos humanos, a partir de las investigaciones que cursan en el ente acusador.

En informe describe que entre 1985 y 2016, la Fiscalía General de la Nación abrió ciento ochenta y cuatro (184) investigaciones por este delito.

El primer registro identificado corresponde a hechos presentados el 28 de septiembre de 1985 en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca) y el último registro corresponde a denuncias sobre una serie de actos de acoso y hostigamiento en contra de una organización no gubernamental que se han prolongado hasta el 2016. La mayoría de las investigaciones corresponden a hechos ocurridos entre 2000 y 2008. No obstante, también se observa un número importante de casos en 1987, 1997 y 2013.

Con respecto a las 139 investigaciones que cursan bajo la Ley 600, 32 investigaciones (23%) no han contado con un impulso procesal efectivo que permita su avance y se encuentran en etapa de investigación previa. Adicionalmente, 44 casos (31.6%) están en etapa de instrucción; 3 casos (2%) en etapa de juicio y 60 casos (43%) tienen sentencia.

Con respecto a las 45 investigaciones que cursan bajo la Ley 906, 35 investigaciones (77%) no han tenido un avance procesal importante y se encuentran en etapa de indagación. Adicionalmente, 3 casos (6.6%%) están en etapa de investigación; 3 casos (6.6%) en etapa de juicio y existen 3 casos (6.6%) con sentencia. Un proceso fue remitido a la Justicia Penal Militar para su conocimiento.

Los casos conocidos por la Fiscalía tuvieron lugar en ochenta y siente (87) municipios de veintitrés (23) departamentos, así como en el distrito capital. Los casos se concentran en las siguientes regiones: Antioquia (35 casos), Bogotá D.C. (28 casos), Arauca (13 casos), Norte de Santander, Atlántico y Cesar (10 casos por cada departamento).

En los procesos se registró información de quinientas treinta y seis (536 víctimas), la mayor parte de ellas en Antioquia (134 víctimas), Bogotá (75 victimas) y Arauca (53 víctimas), que concentran el 48.8% del total de víctimas identificadas en el informe. La mayoría de las víctimas eran hombres (78,54%), entre los 18 y 30 años (28%).[2]

En el informe se resume a las víctimas como:  líderes sociales o integrantes de organizaciones cívicas, activistas políticos, sindicalistas, líderes o integrantes de organizaciones defensores de derechos humanos, líderes o integrantes de organizaciones indígenas y campesinas, académicos y líderes estudiantiles, personas dedicadas a la difusión de información, abogados o integrantes de colectivos de abogados y funcionarios del Estado

En el informe también fueron identificadas ciento setenta y dos (172) víctimas colaterales como familiares, escoltas, conductores o vecinos de alguno de los defensores victimizados.

Las modalidades de victimización más comunes fueron:

• Homicidios, 348 investigaciones (64,93%).
• Actos de acoso y hostigamiento, 74 investigaciones.
• Acciones judiciales o de inteligencia ilegítimas, 38 investigaciones.
• Actos que afectan la libertad y seguridad personal, 24 investigaciones.

Mil sesenta y dos (1602) personas fueron individualizadas como presuntos responsables. De ellas cuatrocientos ochenta y cuatro (484) corresponden a agentes del Estado, cuatrocientos cincuenta y dos (452) integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (Gaoml) y ciento veinticuatro (124) personas sin vinculación comprobada a un grupo armado.

Por la victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos, la Fiscalía obtuvo 200 condenas. La mayor parte corresponden a integrantes de Gaoml. También se recopiló información de treinta y nueve (39) integrantes del Ejército y once (11) miembros del DAS condenados por crímenes cometidos en contra de defensores de derechos humanos.

El informe plantea la existencia de cuatro factores que influyeron en el poco avance de las investigaciones judiciales:

1. La ausencia de estrategias investigativas integrales que establecieran como primera hipótesis de trabajo la relación entre el hecho victimizante y la labor de defensa enarbolada por la víctima.
2. La escasa implementación de protocolos de intervención temprana que podrían haber facilitado la pronta recolección de elementos probatorios y evidencia física
3. La dificultad en la obtención de evidencia y la ausencia de técnica y experticia en su recolección debido a la naturaleza propia de algunas de las formas de victimización
4. La reciente tipificación de algunas conductas, pues varias no se consideraron delitos hasta el año 2000.

Fiscalía General de la Nación