Excombatientes de FARC manifiestan su zozobra ante la JEP y el futuro del acuerdo de paz

Pasados más de dos años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los excombatientes de esta guerrilla aún no tienen vivienda, acceso a tierras ni recursos para muchos de sus proyectos productivos.

Además atraviesan momentos de zozobra debido a la situación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional que investigará y juzgará los delitos cometidos en el conflicto armado colombiano.

Estas son algunas de las principales preocupaciones que comparten los 120 exmiembros de las FARC que están en uno de los lugares contemplados en el acuerdo de paz para que iniciaran su proceso de reincorporación a la vida civil, el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jhon Bautista Peña, ubicado en la vereda La Plancha, municipio de Anorí, departamento de Antioquia.

(Lea en W: Quienes incumplan a los llamados de la JEP perderán los beneficios)

En este ETCR hay dos proyectos productivos que generan ingresos para cubrir las necesidades de sus habitantes (un taller de confecciones y una panadería), al menos otros tres que están en proceso (una iniciativa de ecoturismo con enfoque en memoria histórica, otra apícola y otra de ganadería); y uno más (un proyecto piscícola) que apenas arranca, y que es el único que ha recibido los recursos que el Estado asignó para la reincorporación de los exinsurgentes.

(Le puede interesar: Corte Constitucional frenó la extradición de "Jesús Santrich")

José Luis Naranjo, en las filas de FARC desde 1985 y conocido en la guerra como ‘Aníbal Torres’ o ‘Gabriel Hernández’, afirma crudamente su gran intranquilidad por la situación de la JEP, luego de las objeciones del presidente Iván Duque a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria que constituye su columna vertebral.

“La JEP son retazos. Aquí lo que han querido es formar una justicia para las meras FARC. Pero entonces, el Estado colombiano que es responsable del 85% de la violencia, ¿no va a pasar por esa jurisdicción?”, se pregunta, y afirma que a la Jurisdicción Especial quieren “sacarla del contexto político y del contexto de decir la verdad”.

Para José Luis, o ‘Aníbal Torres’, la preocupación más grande en la actualidad es la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los desmovilizados.

“Uno no entiende que hoy, después de firmar un acuerdo con países garantes, con donantes, con la ONU, que quedó depositado en Berna (Suiza), un acuerdo de carácter especial, estén casi 500 excombatientes en la cárcel. Y da mucha tristeza que a uno de los negociadores plenipotenciarios en La Habana, el comandante ‘Jesús Santrich’ (Seuxis Paucías Hernández), hoy le hayan hecho el más burdo montaje y que se haya prestado para eso el fiscal general de la Nación junto con la CIA, para torpedear el proceso de paz”, lamentó.

Naranjo recalca que el acuerdo de paz que se firmó en La Habana ya no existe “porque lo han vuelto trizas” desde hace mucho tiempo. “Todos los días hay remiendos aquí y remiendos allá, lo que nos ha llevado a no creer en que nos van a ayudar. Nosotros aquí contamos con lo que podamos hacer, trabajamos en equipo, colectivamente, pero las esperanza de nosotros no es el Gobierno”, resaltó.

(Lea en la W: ¿Es el narcotráfico un delito conexo al político?)

Por otra parte, lanza fuertes reproches al gobierno por su postura frente a la implementación de los acuerdos, que “está en letra muerta”.

“Mal contado, aquí lo que han puesto por pura solidaridad los países donantes, que no son ni arte ni parte del proceso, son COP 83 millones. Pero industriales, banqueros, dueños de la economía y la tierra en este país, no han puesto una sola moneda. Y es que los acuerdos se firmaron fue con el gobierno de Colombia, que no ha puesto absolutamente nada”, señala.

Naranjo estuvo durante mucho tiempo al lado de varios comandantes guerrilleros, hizo parte de varios frentes de las FARC (9, 4 y 47) y participó en las conversaciones en El Caguán y en Cuba. En La Habana estuvo un año, y luego en Medellín unos 13 meses, en la primera misión de monitoreo y verificación del cese al fuego y dejación de armas y cese de hostilidades, con la ONU y el Gobierno. Por ello conoce en detalle el contenido del acuerdo firmado en noviembre de 2016.

Al mencionar el punto 3, sobre el fin del conflicto, recuerda que el acuerdo establecía que las FARC dejaran las armas y se comprometieran a convertirse en un partido político, y que el Gobierno se comprometía al desmonte del paramilitarismo. Según Naranjo, “el paramilitarismo no ha sido desmontado, y desgraciadamente van cerca de 500 lideres y defensores de derechos humanos asesinados, y más de 90 excombatientes y familiares de miembros del partido FARC, y no pasa absolutamente nada”. 

Finalmente, sobre el futuro del recién surgido partido político FARC, Naranjo opina que depende de la “oportunidad política” y del cumplimiento del Gobierno del punto 2 del acuerdo, sobre participación política.

(Le puede interesar: El contraataque de Paloma Valencia contra Pablo Catatumbo)

“La lucha de nosotros toda la vida fue política, y en ese orden de ideas, dejamos las armas pero no las ideas políticas. La paz no es callar los fusiles de un lado y seguirlos disparando del otro lado”, aseguró.

Martín Batalla, también excombatiente y gerente de una cooperativa que asocia a los 120 reincorporados en La Plancha, comparte los planteamientos de su “camarada”. 

El líder del ETCR afirma que el Estado colombiano los ha dejado abandonados en su proceso de reinserción a la vida civil y que no ven voluntad de su parte.

“El Gobierno se ha limitado a tener un funcionario de la Agencia de Reincorporación Nacional (ARN) en los ETCR, en algunos casos contribuyendo a la reincorporación, en otros creando división al interior del partido. Se ha limitado a esto”.

Batalla cuestiona la actitud del Estado colombiano en cabeza del presidente Duque, e indica que debería ser el primer actor que “debería estar construyendo paz en los territorios o preocupado por el tema de tierras, proyectos productivos o el asesinato de líderes sociales”, asuntos que a su juicio, le preocupan más a la comunidad internacional. 

“Hay una desidia total en cuanto a construcción de paz y la implementación del acuerdo como quedó pactado”, afirmó. 

Al referirse a la situación del excomandante del Estado Mayor Central de las FARC, Jesús Santrich, pedido por extradición por una corte de Estados Unidos, Martín Batalla criticó las actuaciones de las autoridades colombianas y afirmó que “lo han mantenido en la cárcel montaje tras montaje”.

“El Consejo de Estado se pronunció diciendo que mantenía su curul en el Senado, y en seguida sale el fiscal (Néstor Humberto Martínez) con otro montaje absurdo que no se lo cree nadie: un señor que es conocido por paramilitar en Colombia negociando su libertad”, aseveró.

“Por supuesto que sentimos inseguridad jurídica”, recalcó Batalla, al advertir que a muchas de las personas que se acogieron al proceso de paz les han quitado la amnistía, o que han aparecido procesos que no están contemplados en este mismo beneficio jurídico. 

“El mismo caso del comandante nuestro, el camarada Iván (Márquez), que hoy en medio de esta situación de inseguridad, prefirió resguardarse. Nosotros somos el partido político legal con más prisioneros en la cárcel, 200, aún después de firmar un acuerdo y haber hecho dejado las armas”, indicó.