Estados Unidos canceló la visa de Martha Lucía Zamora
Esto se conoce días después de que la Fiscalía General de la Nación citara a Zamora y a los contratistas de su despacho a imputación de cargos.
El gobierno de los Estados Unidos anunció la cancelación de la visa a Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como también a July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo, contratistas de la Secretaría Ejecutiva de la JEP.
Esto se conoce días después de que la Fiscalía General de la Nación citara a Zamora y a los contratistas de su despacho a imputación de cargos, por el supuesto ocultamiento de la salida de exjefes guerrilleros de los Espacios de Reincorporación.
Según el ente acusador, existe evidencia de que varios funcionarios de la JEP supuestamente habrían fraguado una serie de falsedades y un eventual fraude procesal para encubrir el abandono de espacios territoriales de capacitación y reincorporación por parte de algunos líderes desmovilizados de las Farc. Por ello, en el marco de la investigación, agentes especiales del CTI desarrollaron una inspección judicial a la sede de la JEP con el fin de recolectar documentos y otros elementos probatorios que serán incorporados como evidencias en el proceso.
El pasado 12 de septiembre, tras acudir a la diligencia de interrogatorio, Zamora señaló que no ha cometido ningún delito e insistió en el compromiso de ese organismo con la paz y las víctimas.
“Acudí al interrogatorio y durante seis horas le expliqué al fiscal qué hace la JEP y cómo ha operado. El compromiso de todos los funcionarios es con las víctimas, los comparecientes y la paz”, aseguró en su momento.
Cabe recordar que Zamora será imputada por asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales. Henríquez, por su parte, debe responder por falsedad ideológica en documento público, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales. Y Caicedo será imputado por falsedad ideológica en documento público y abuso de función pública.