Directora de la Uspec es denunciada por supuestas irregularidades en contratación

La W conoció una serie de irregularidades que vienen sucediendo en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la entidad encargada en la gestión y operación para el suministro de bienes y la prestación de servicios para la población carcelaria de Colombia.

Miembros del Inpec y de la misma Uspec denunciaron presuntas irregularidades tras convenios con empresas que prestan los servicios a las cárceles del país y también tras la contratación de funcionarios que supuestamente no cumplen con los perfiles requeridos para ejercer sus funciones.

Freiman Pérez, vocero del sindicato Sinalpec, contó que funcionarios solicitaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría que se inicie una investigación en contra de la directora de la Uspec, Maria Cristina Palau. Esto por una supuesta contratación irregular e indiscriminada y el desvío de los recursos destinados a las cárceles.

Por ejemplo, uno de los hechos denunciados es la designación de Cristian Ante Escobedo como coordinador del Grupo Precontractual, sin contar con la experiencia profesional requerida para el cargo que está al frente de adelantar la parte contractual en la entidad.

Por otro lado, la misma Palau es denunciada por los trabajadores por supuestamente no contar con el título profesional requerido para ejercer como directora de la entidad. Según la denuncia, la carrera de la mujer, ingeniería sanitaria, no se encuentra en ninguna de las disciplinas académicas del núcleo básico exigidas por el manual de funciones de la Uspec.

Palau además es denunciada por favorecer dentro de la Uspec a un sinnúmero de empresas del Valle del Cauca que se han apoderado de millonarios contratos para prestar servicios de salud, alimentación e ingeniería en los penales de Colombia.

Llama la atención que Maria Cristina Palau es hermana del representante a la Cámara por La U en dicho departamento, Rafael Eduardo Palau, uno de los alfiles de la casa política que dirige la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Otra de las denuncias de los funcionarios se hizo en contra de la exdirectora Administrativa y Financiera de la Uspec, Maribel Córdoba Guerrero, por irregularidades tras contratos como el del arreglo del archivo de la entidad. Este proceso fue adelantado y pagado en tres ocasiones, sin que fuera ejecutado.

Esta funcionaria es la misma persona que, meses después de salir de la Uspec, autorizó el pago de siete millones de pesos al falso cura Hollman Lara, quien se presentaba como un monseñor miembro de la Comunidad Luterana de Colombia para que le diera un taller a varios funcionarios del Icetex.