Contraloría General inicia controles excepcionales a Transmilenio
El control excepcional está relacionado con la gestión fiscal de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDU y la empresa Transmilenio S.A.
El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, admitió y autorizó una solicitud de control excepcional del Senador Rodrigo Lara Restrepo, aprobada por Comisión Primera del Senado, respecto al diseño y contratación para la construcción y adecuación de la carrera séptima al Sistema Transmilenio, correspondiente a la Licitación Pública IDU -LP -SGI 04-2018 y los respectivos Planes Parciales de Obra que están dentro de los tramos de dicho contrato.
Este control excepcional será adelantado por la Contraloría Delegada para el sector de Infraestructura que, simultáneamente, comenzó hoy un ejercicio similar en el caso del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá -SITP, revisando los 10 contratos de concesión suscritos en el marco de la licitación pública TM SA-LP 004-2009.
El objetivo de este otro control excepcional será evaluar los recursos públicos destinados al servicio público de transporte en el componente zonal del SITP que se ejecutaron y administraron a través de los contratos suscritos en el marco de dicha licitación, durante las vigencias 2015-2019.
Control excepcional a Transmilenio por la séptima
A la petición de control excepcional que hizo Senador Rodrigo Lara Restrepo, sobre el proyecto de Transmilenio por la carrera séptima se une una solicitud en el mismo sentido que hizo a la Contraloría General de la República la Representante a la Cámara María José Pizarro.
En el primer caso, en la proposición que presentó a la Comisión Primera del Senado y que fue finalmente aprobada por la mayoría requerida de esta célula legislativa, el pasado 26 de marzo, el Senador Lara Restrepo fundamentó la solicitud de control excepcional en que la Nación comprometió recursos económicos para la financiación de este sistema y el proyecto presenta presuntas irregularidades en su fase de planeación.
Argumentó también que “quien ostenta la competencia ordinaria, esto es la contraloría territorial, dudosamente puede ser imparcial para realizar el control fiscal, razón por lo cual debe asumirlo la Contraloría General de la República”.