Contraloría denunció falta de control en bienes incautados que favorece a grandes empresas
Cementera Cemex se ha visto beneficiada al usar un predio de 442 hectáreas y pagar un millón de pesos de arrendamiento por él.
Según la Contraloría General de la República, la ausencia de control en bienes incautados está encaminado a favorecer a grandes empresas.
Desde el ente de control, se señaló que ejemplo de ello es un contrato de arrendamiento por $1 millón mensual de un predio de 442 hectáreas entregado a la empresa cementera Cemex, que fue incautado en 2013 a unas sociedades mineras en el municipio de Maceo (Antioquia), donde además del uso de los predios y sus anexidades, en la práctica se encuentra incluida su explotación y el uso y goce del título minero.
También se señaló que la Sociedad de Activos Especiales desconoce las sumas de dinero en efectivo que se encuentran bajo su administración y custodia.
Un evento donde también se advierte la ausencia total de información, es el relacionado con la administración de los activos y operación de la sociedad Serfinanco y su establecimiento de comercio, incautados desde el año 1996 pero extinguidos en favor del Estado desde 2011.
La Contraloría estableció que el expediente de esta sociedad no estaba relacionado en el inventario de entrega de la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE a SAE en julio de 2014, pero a pesar de ello se encontró para la fecha de la Actuación Especial bajo la custodia de SAE.
Tal circunstancia implicó que el equipo auditor no encontrara reporte de actuaciones de administración de los activos de la sociedad, ni tampoco información sobre el destino final de 99 títulos valores por $2.193 millones que recibió la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía Regional de Cali- el 12 de septiembre de 1996 en la diligencia de ocupación de la sociedad Serfinanco.
Igualmente se carece de información de los recursos relacionados por Fiducolombia correspondientes a la liquidación de una obligación a favor de Serfinanco del 30 de junio de 1998, por valor superior a $33 millones.
Con ello se concluye que SAE desconoce las sumas de dinero en efectivo que se encuentran bajo su administración y custodia, y que a pesar de las labores de actualización emprendidas por SAE, el estado actual del inventario no permite contar con cifras confiables en relación con la identificación de los bienes administrados, su estado jurídico actual y los ingresos derivados de la explotación de los mismos.