Colombia y otros países plantean a CIDH reformas para garantizar autonomía de los Estados

Los gobiernos de Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil enviaron una declaración a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 11 de abril en la que plantean una especie de reforma debido a unas fallas que han ido registrando en el sistema.

Si bien estos países aseguran que se reafirman en su inequívoco "compromiso permanente con la promoción y protección de los derechos humanos en el continente", explican que  debido a estas fallas "en los últimos años los países firmantes hemos registrado serios problemas". 

Por esta razón, plantean una serie de medidas y acciones a la Cidh para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, como "la adopción de medidas urgentes para reducir el atraso en el trámite de peticiones ante la CIDH y mejorar la economía procesal en los casos ante la Corte y una estricta aplicación de principios fundamentales del Sistema, como son el principio de subsidiariedad o el margen de apreciación de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales". 

Según los países firmantes, se está haciendo un llamado "a que se respete el legítimo espacio de autonomía de cada Estado y, en especial, a que los órganos del Sistema tomen en consideración las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados, en especial al momento de decretar medidas de reparación, las cuales deben guardar una debida proporcionalidad y respetar los ordenamientos constitucionales y las exigencias propias del estado de Derecho". 

Aclaran que ninguno de los gobiernos firmantes puede ser acusado "de buscar un debilitamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Todos nos hemos esforzado en dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión y hemos sido objeto de condenas por parte de la Corte, debiendo adoptar una gran variedad de medidas de reparación, algunas veces en condiciones muy difíciles". 

Pero agregan que "cuando planteamos unas medidas que van dirigidas a mejorar y fortalecer los procedimientos existentes, lo hacemos con conocimiento de causa.  Eso nos da el derecho a exigir que esas propuestas sean consideradas de buena fe y sin perjuicios o preconcepciones".