Colombia se sienta en banquillo de acusados por operación militar "Génesis"
Los jueces escucharon los hechos ocurridos entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 durante la operación "Génesis", efectuada en varias comunidades afrodescendientes del Chocó.
El Estado colombiano se sentó este lunes en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por una muerte y el desplazamiento de más de 500 personas causadas por la operación militar y paramilitar "Génesis", ocurrida en 1997 en el departamento del Chocó.
Los jueces de la CorteIDH escucharon en una audiencia al perito Javier Ciurizza, experto en justicia transicional, así como al testigo y presunta víctima Bernardo Vivas, un campesino habitante de una comunidad de la cuenca del río Cacarica, en el Chocó.
Vivas relató a los jueces los hechos que presenció entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 durante la operación "Génesis", efectuada en varias comunidades afrodescendientes del Chocó.
Este caso es conocido como Marino López contra Colombia, pues se relaciona con la tortura y posterior asesinato de López a manos de efectivos paramilitares que trabajaban junto a militares colombianos, según la demanda.
Vivas calificó a López como un "campesino" y "un gran amigo" y narró que el 26 de febrero de 1997 fueron amarrados de las manos por paramilitares en su comunidad como sospechosos de ser guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según Vivas, después de ser amarrado uno de los paramilitares utilizó un machete para cortarle un brazo a López, luego una pierna y finalmente la cabeza.
La cabeza "se la llevaron a un patio donde había otros 25 (paramilitares) y empezaron a patearla como por diez minutos", relató Vivas entre lágrimas.
Después de eso Vivas fue liberado debido a que uno de los paramilitares que conocía el pueblo lo identificó, explicó en su declaración.
De acuerdo con el relato, los paramilitares dieron tres días a los pobladores para abandonar sus viviendas, no sin que antes destruyeran sus pertenencias y lanzaran granadas en algunas casas.
"Le pido a Dios que nos ayude para que haya justicia y que muchas víctimas puedan descansar en paz", dijo Vivas a los jueces de la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica.
La abogada de la Comisión de Justicia y Paz de Colombia y representante de las víctimas, Liliana Ávila, declaró a Efe que en la cuenca del río Cacarica habitaban unas 1.000 personas que se vieron obligadas a desplazarse de sus comunidades, pero en la demanda por este caso solo se han incluido a 531.
"El caso fue presentado por el asesinato y tortura de Marino López, pero además por el desplazamiento provocado por la incursión paramilitar simultánea a la operación militar que se llevó a cabo en el territorio de la cuenca del río Cacarica", explicó Ávila.
Por su parte el agente del Estado, Rafael Nieto, dijo a Efe que no podía referirse al caso ante los periodistas.
Previo al inicio de la audiencia, una decena de habitantes de las comunidades afrodescendientes del Chocó ataviados de blanco y con velas, realizaron un rito a la entrada de la CorteIDH para pedir justicia.
Con cantos llenos de nostalgia y algunos de ellos llorando, estas personas pidieron justicia y además recordaron a seres queridos que afirman fueron desaparecidos y cuyas fotografías colgaban en sus pechos.
El director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano José de Jesús Orozco, presentó el caso Marino López ante los jueces y aseguró que la operación militar "Génesis" empezó con "sobrevuelos y bombardeos que aterrorizaron a la población civil".
Orozco afirmó que estas acciones obedecieron a un "patrón sistemático de operaciones conjuntas" entre el Ejército y los paramilitares, que obligaron al desplazamiento forzado de decenas de familias.
La audiencia por este caso concluirá mañana con los alegatos orales finales de las partes. Posteriormente las partes tendrán un mes para entregar por escrito sus conclusiones y a partir de allí los jueces redactarán una sentencia en los próximos meses.
La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus fallos son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros del organismo hemisférico que han reconocido su competencia
Los jueces de la CorteIDH escucharon en una audiencia al perito Javier Ciurizza, experto en justicia transicional, así como al testigo y presunta víctima Bernardo Vivas, un campesino habitante de una comunidad de la cuenca del río Cacarica, en el Chocó.
Vivas relató a los jueces los hechos que presenció entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 durante la operación "Génesis", efectuada en varias comunidades afrodescendientes del Chocó.
Este caso es conocido como Marino López contra Colombia, pues se relaciona con la tortura y posterior asesinato de López a manos de efectivos paramilitares que trabajaban junto a militares colombianos, según la demanda.
Vivas calificó a López como un "campesino" y "un gran amigo" y narró que el 26 de febrero de 1997 fueron amarrados de las manos por paramilitares en su comunidad como sospechosos de ser guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según Vivas, después de ser amarrado uno de los paramilitares utilizó un machete para cortarle un brazo a López, luego una pierna y finalmente la cabeza.
La cabeza "se la llevaron a un patio donde había otros 25 (paramilitares) y empezaron a patearla como por diez minutos", relató Vivas entre lágrimas.
Después de eso Vivas fue liberado debido a que uno de los paramilitares que conocía el pueblo lo identificó, explicó en su declaración.
De acuerdo con el relato, los paramilitares dieron tres días a los pobladores para abandonar sus viviendas, no sin que antes destruyeran sus pertenencias y lanzaran granadas en algunas casas.
"Le pido a Dios que nos ayude para que haya justicia y que muchas víctimas puedan descansar en paz", dijo Vivas a los jueces de la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica.
La abogada de la Comisión de Justicia y Paz de Colombia y representante de las víctimas, Liliana Ávila, declaró a Efe que en la cuenca del río Cacarica habitaban unas 1.000 personas que se vieron obligadas a desplazarse de sus comunidades, pero en la demanda por este caso solo se han incluido a 531.
"El caso fue presentado por el asesinato y tortura de Marino López, pero además por el desplazamiento provocado por la incursión paramilitar simultánea a la operación militar que se llevó a cabo en el territorio de la cuenca del río Cacarica", explicó Ávila.
Por su parte el agente del Estado, Rafael Nieto, dijo a Efe que no podía referirse al caso ante los periodistas.
Previo al inicio de la audiencia, una decena de habitantes de las comunidades afrodescendientes del Chocó ataviados de blanco y con velas, realizaron un rito a la entrada de la CorteIDH para pedir justicia.
Con cantos llenos de nostalgia y algunos de ellos llorando, estas personas pidieron justicia y además recordaron a seres queridos que afirman fueron desaparecidos y cuyas fotografías colgaban en sus pechos.
El director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano José de Jesús Orozco, presentó el caso Marino López ante los jueces y aseguró que la operación militar "Génesis" empezó con "sobrevuelos y bombardeos que aterrorizaron a la población civil".
Orozco afirmó que estas acciones obedecieron a un "patrón sistemático de operaciones conjuntas" entre el Ejército y los paramilitares, que obligaron al desplazamiento forzado de decenas de familias.
La audiencia por este caso concluirá mañana con los alegatos orales finales de las partes. Posteriormente las partes tendrán un mes para entregar por escrito sus conclusiones y a partir de allí los jueces redactarán una sentencia en los próximos meses.
La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus fallos son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros del organismo hemisférico que han reconocido su competencia
