Asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia suben a 78 en 2013
Las 78 muertes se registraron principalmente durante las movilizaciones sociales llevadas a cabo por el sector primario de la economía.
Un total de 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2013, un 2,4% más frente a los 69 del año anterior, debido a una escalada de la protesta social que se materializó en persecución y conllevó a 209 amenazas directas contra integrantes de este colectivo.
Así lo señala el informe "D de Defensa", difundido por la organización Programa Somos Defensores, que indica que este aumento de la violencia se da en un contexto de búsqueda de la paz entre el Gobierno y las Farc, que choca con la "brutalidad policial y la estigmatización de los líderes de las protestas".
Las 78 muertes se registraron principalmente durante las movilizaciones sociales llevadas a cabo por el sector primario de la economía.
Primero se manifestaron los cafeteros durante trece días de febrero y marzo de 2013; siguieron los mineros por 46 días entre julio y agosto; los campesinos del Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, se movilizaron 54 días entre junio y agosto; y un paro agrario dio lugar a 25 jornadas de protestas entre agosto y septiembre.
Además los indígenas marcharon diez días en todo el país entre los días 13 y 23 de octubre para reclamar la autonomía de su territorio, libre de proyectos minero-energéticos.
En definitiva, durante 148 días más del 50 % del país tuvo calles y carreteras repletas de manifestantes.
En una entrevista con Efe, el portavoz de Somos Defensores, Carlos Guevara, alertó de que las muertes y la persecución "ya no tienen que ver con problemas políticos", sino con la denuncia de "temas económicos sensibles para ciertos sectores, bien sea la elite, los gamonales (caciques) o la guerrilla".
"Hay una cuestión clave: cada defensor o líder que esté dispuesto a meterse en temas económicos y que toque los callos de esa gente va a salir afectado", resumió.
Por eso, "los sectores con mayor índice de asesinatos han sido otra vez los indígenas (14), que luchan contra la explotación de los recursos naturales; líderes comunales (17) y campesinos (15)", explicó Guevara.
La paradoja, insistió el portavoz, es que precisamente esos dirigentes sociales son los que van a sostener los eventuales acuerdos que surjan en La Habana entre el Gobierno y las Farc.
"Si el gobierno no se la juega por ellos en esta coyuntura de paz se va a perder muchísimo", insistió Guevara.
En cuanto a los agresores, se presentó un aumento de responsabilidad por parte de grupos que se autodenominan "paramilitares", quienes, según el centro de estudios, mataron supuestamente a 15 personas frente a nueve en 2012.
Se trata de bandas armadas que operan en zonas como Córdoba y Cesar o en Buenaventura "de la mano con las fuerzas militares" o para "el mejor postor", según Guevara, quien precisó que en muchos casos acogen en sus filas a desmovilizados paramilitares y guerrilleros.
Los llamados "desconocidos", por no tener certeza de quienes son, cometieron 50 asesinatos; las Farc y el Eln otros ocho y la fuerza pública cinco.
Además de esos 78 asesinatos, el informe "D de Defensa" registra 209 amenazas directas, 39 atentados, 22 detenciones arbitrarias, la desaparición de una persona, diez usos arbitrarios del sistema penal y un hurto de información.
Para elaborar el documento, los investigadores viajaron a las regiones más afectadas por esos delitos y comprobaron el 95% de los 219 defensores de derechos humanos asesinados en los últimos años está en la impunidad.
Sólo doce casos han sido resueltos, una situación que la organización de derechos humanos achaca a la debilidad y congestión del sistema penal acusatorio colombiano.
Para su elaboración, el Programa Somos Defensores contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las 78 muertes se registraron principalmente durante las movilizaciones sociales llevadas a cabo por el sector primario de la economía.
Primero se manifestaron los cafeteros durante trece días de febrero y marzo de 2013; siguieron los mineros por 46 días entre julio y agosto; los campesinos del Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, se movilizaron 54 días entre junio y agosto; y un paro agrario dio lugar a 25 jornadas de protestas entre agosto y septiembre.
Además los indígenas marcharon diez días en todo el país entre los días 13 y 23 de octubre para reclamar la autonomía de su territorio, libre de proyectos minero-energéticos.
En definitiva, durante 148 días más del 50 % del país tuvo calles y carreteras repletas de manifestantes.
En una entrevista con Efe, el portavoz de Somos Defensores, Carlos Guevara, alertó de que las muertes y la persecución "ya no tienen que ver con problemas políticos", sino con la denuncia de "temas económicos sensibles para ciertos sectores, bien sea la elite, los gamonales (caciques) o la guerrilla".
"Hay una cuestión clave: cada defensor o líder que esté dispuesto a meterse en temas económicos y que toque los callos de esa gente va a salir afectado", resumió.
Por eso, "los sectores con mayor índice de asesinatos han sido otra vez los indígenas (14), que luchan contra la explotación de los recursos naturales; líderes comunales (17) y campesinos (15)", explicó Guevara.
La paradoja, insistió el portavoz, es que precisamente esos dirigentes sociales son los que van a sostener los eventuales acuerdos que surjan en La Habana entre el Gobierno y las Farc.
"Si el gobierno no se la juega por ellos en esta coyuntura de paz se va a perder muchísimo", insistió Guevara.
En cuanto a los agresores, se presentó un aumento de responsabilidad por parte de grupos que se autodenominan "paramilitares", quienes, según el centro de estudios, mataron supuestamente a 15 personas frente a nueve en 2012.
Se trata de bandas armadas que operan en zonas como Córdoba y Cesar o en Buenaventura "de la mano con las fuerzas militares" o para "el mejor postor", según Guevara, quien precisó que en muchos casos acogen en sus filas a desmovilizados paramilitares y guerrilleros.
Los llamados "desconocidos", por no tener certeza de quienes son, cometieron 50 asesinatos; las Farc y el Eln otros ocho y la fuerza pública cinco.
Además de esos 78 asesinatos, el informe "D de Defensa" registra 209 amenazas directas, 39 atentados, 22 detenciones arbitrarias, la desaparición de una persona, diez usos arbitrarios del sistema penal y un hurto de información.
Para elaborar el documento, los investigadores viajaron a las regiones más afectadas por esos delitos y comprobaron el 95% de los 219 defensores de derechos humanos asesinados en los últimos años está en la impunidad.
Sólo doce casos han sido resueltos, una situación que la organización de derechos humanos achaca a la debilidad y congestión del sistema penal acusatorio colombiano.
Para su elaboración, el Programa Somos Defensores contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
