A la cárcel capturados por estafa de pensiones
Estas personas se habrían dedicado a engañar ciudadanos que necesitaban adelantar trámites legales ante Colpensiones.
Amanda Almonacid Gómez, Francisco Jair Martínez Acuña, Néstor Raúl Romero Correa y Jeferson Stiven Reyes Suárez, supuestamente montaron una oficina de abogados especializados en pensiones sin tener el título ni la especialidad, y crearon un sistema a través del cual llegaron a timar a cerca de 100 personas que querían adelantar trámites relacionados con su pensión.
Según la investigación, los presuntos estafadores llegaban al sitio de trabajo de sus víctimas o las contactaban vía telefónica para encontrarse con ellas en un sitio público y ofrecerles sus servicios. Una vez las convencían, atendían solicitudes para traslado de los fondos privados a Colpensiones, y les ofrecían la posibilidad de beneficiarse con el régimen de prima media sin el cumplimiento de los requisitos legales; entre otras cosas, porque estaban a menos de 10 años de lograr la pensión, por lo que era improcedente el traslado.
Es necesario recordar que, de acuerdo con el artículo 1, literal e, de la Ley 797 de 2003, “(…) Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (…)”, lo que hacía la pretensión de estas personas abiertamente ilegal.
La red presuntamente cobraba entre $10’000.000 y $15’000.000 por trámite que realizaba, y llegó a apropiarse de más de $800’000.000 del patrimonio de los ciudadanos de forma fraudulenta. Los supuestos abogados radicaban documentos falsos ante Colpensiones, entidad que detectó la irregularidad y negó las solicitudes presentadas; sin embargo, lograron mantener engañados a los clientes y jamás les devolvieron el dinero.
Colpensiones hizo la correspondiente denuncia ante la Fiscalía, que adelantó las investigaciones y determinó que la banda no sólo delinquía en Bogotá, fueron identificadas personas afectadas en Valle del Cauca -especialmente en Palmira-, Santander, Antioquia y el Eje Cafetero. Entre las víctimas hay jueces, fiscales y otros funcionarios; a muchas de ellas, incluso, el comité de multivinculación les había aprobado el traslado pero, al darse cuenta de la falsedad, revocó la decisión y las regresó a los fondos privados.
A los cuatro capturados se les imputaron los delitos de:
- Estafa agravada en modalidad masa.
- Fraude procesal.
- Falsedad en documento privado.
- Concierto para delinquir.