Piden citar al expresidente Juan Manuel Santos y a 22 generales por falsos positivos
En un documento conjunto, conocido por La W, la representación de víctimas de esos crímenes de guerra también solicitó llamar a declarar a otros exministros en el marco de la nueva priorización.
Juan Manuel Santos y Mario Montoya. Foto: Colprensa.
El Espacio de Litigio Estratégico, compuesto por organizaciones de víctimas como el Colectivo José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo OFB, la Comisión Colombiana de Juristas y otras plataformas, solicitaron formalmente a la JEP llamar al expresidente Juan Manuel Santos y a otros dos exministros de Defensa, en el marco de la nueva priorización, para ascender en la cadena de mando.
Además del expresidente de la República, también aparecen en la solicitud los exministros Camilo Ospina Bernal y Jorge Alberto Uribe Echavarría, quienes ocuparon el cargo entre los años 2003 y mediados del año 2006.
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También, en el documento solicitaron que la jurisdicción llame a rendir versión voluntaria a 22 generales del Ejército, entre ellos dos excomandantes de las Fuerzas Militares: general (r) Carlos Alberto Ospina (2003 - 2006) y el general (r) Freddy Padilla de León (2006 - 2010).
Asimismo, los representantes de víctimas solicitaron citar a los excomandantes del Ejército, general (r) Mario Montoya (ya previamente citado por esos crímenes en el departamento de Antioquia) y el general Reinaldo Castellanos Trujillo.
Finalmente, el otro listado de 18 generales que componen la solicitud de las víctimas para que sean llamados a responder menciona nombres como los del general Óscar González Peña (excomandante del Ejército), Carlos Ovidio Saavedra (excomandante de la División 2), Guillermo Quiñonez Quiroz (División 4), Carlos Arturo Suárez Bustamante (División 5), y otros 15 exaltos mandos de la institución.
Las observaciones de las víctimas de cara a la nueva “priorización”
Aunque las organizaciones firmantes señalaron que respaldan la nueva fase propuesta por la JEP, que busca ascender en la cadena de mando, pidieron que se aclare y defina lo que ocurrirá con los casos que investigan hasta el momento (en materia de otros espacios temporales donde hay un abundante registro de víctimas), y se aclare, con total transparencia a las víctimas, qué manejo tendrán sus casos en la JEP.
Particularmente, pidieron ponerle la lupa a la política de Seguridad Democrática durante el gobierno Uribe, indicando que en el cambio a una actitud ofensiva hacia los otros grupos armados, se plantearon directrices y circulares que a juicio de los representantes de víctimas “están relacionadas directamente con la configuración de la política criminal” al tratarse (los falsos positivos) de un fenómeno que se diseminó por gran parte del país.
“Este cambio en la visión de seguridad, no configura desde luego un margen de acción que condujera directamente a la ejecución de las conductas analizadas por la sala, sin embargo, es necesario tenerlo de presente para el análisis y la verificación de un cambio de orientación de la Fuerza Pública que impuso un nivel de exigencia en la noción de ganar la guerra”, sentenciaron.
Allí se rememoró la ocurrencia de dos patrones, el primero donde se dispuso a acabar con la vida de personas señaladas de ser guerrilleros, y la otra, la comisión de homicidios para cumplir ante la constante y desesperante presión del nivel central por resultados.
Adicionalmente, pidieron que la JEP tenga en cuenta los beneficios y ascensos que recibieron los altos mandos, sobre los que ahora se pone la lupa, producto de los asesinatos que perpetraron sus soldados.
Finalmente, solicitaron una participación activa para las víctimas en la construcción de la metodología de trabajo de la nueva priorización y el manejo de los subcasos, así como que las versiones voluntarias de los futuros comparecientes sean públicas.
